Tribunal obcecado. El exconseller Francesc Homs tiene que ir a juicio por haber autorizado tres gastos en 2012, que suman unos 58.000 euros y que la Fiscalía relaciona con el procés. Así lo ha ordenado la sección 8.ª de la Audiencia de Barcelona a la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona, Carmen García, que archivó esta causa dos veces al considerar que los hechos no son delictivos, pero la Fiscalía presentó recurso. La abogada del exconseller de Junts, la penalista Judit Gené, ya ha pedido a la magistrada que derive esta pieza a la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, para que la adjunte a la causa del 1-O, en la cual el verano pasado se acumularon los gastos por promocionar Catalunya en el exterior de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont, entre los años 2011 al 2019, y donde inicialmente se incluía el caso de Homs.

En febrero de 2022, la Audiencia de Barcelona hizo reabrir el caso de Homs por primera vez, a petición de la Fiscalía, al considerar que había que hacer una mínima instrucción, y ahora, casi dos años después, y acabada la instrucción, ordena que el exdirigente de Junts sea juzgado. No obstante, la ley de amnistía, pendiente de publicarse en el BOE, tendría que anular la causa contra Homs y de todos los excargos encausado en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.

Dos casos unificados

En concreto, la causa que continúa abierta en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona se dirige contra una treintena de excargos del Govern investigados por promocionar el 1-O y, recientemente, añadieron a una decena de encausados más por haber promovido la independencia de Catalunya en el extranjero —incluido el exconseller republicano Raül Romeva ya condenado por sedición por el 1-O e indultado— a raíz de la querella presentada por la Fiscalía en el 2019, y que recayó en el juzgado de instrucción 18 de Barcelona. La sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona ordenó su unificación, a petición de las defensas, que acusaron al ministerio público de mala fe, ya que usó un informe del Tribunal de Cuentas que ya estaba en el juzgado de instrucción 13 para presentar diferentes querellas, como la que recayó en el juzgado de instrucción 18. La Fiscalía, además, ha modulado su acusación y ahora sostiene que la irregularidad es porque son adjudicaciones sin concurso público y no por la promoción de la independencia de Catalunya, según aseguran los abogados de los encausados de Junts y ERC.

 

Los tres gastos

El primer gasto cuestionado es que el exconseller Homs aprobó el pago de un viaje y alojamiento para los asistentes al encuentro mundial de comunidades catalanas en el exterior, en mayo del 2012 en Barcelona, que se abonaron con dos expedientes de contratos menores de 17.850 euros cada uno. La defensa de Homs aportó el convenio con las agencias de viajes con las que trabaja el Govern, y la magistrada consideró que la ley recoge esta representación en el exterior. El segundo hecho es que Homs adjudicó, en noviembre del 2012, un estudio al despacho de abogados Manubens, con un coste de 14.520 euros, para la realización de un asesoramiento jurídico para un proyecto de dinamización internacional en materia de propiedad industrial. La magistrada tampoco vio ninguna irregularidad, porque la adjudicación fue consensuada con otras entidades como el Port de Barcelona, donde hay representantes del Govern y del Gobierno. Por estas dos adjudicaciones, también se ha investigado al entonces secretario de Exteriors, Senén Florensa, el cual también tendrá que ir a juicio con Homs, si nada cambia.

Y el tercer hecho es que en diciembre del 2012 Homs adjudicó una subvención de forma directa de 7.400 euros a CatDem (Fundació Catalanista i Demòcrata). En este caso, la defensa expone que se dieron subvenciones a unas treinta entidades más porque se suspendió la convocatoria general, y la magistrada argumentó que la ley también permite estas subvenciones directas, según fuentes jurídicas. La Audiencia de Barcelona, sin embargo, ve indicios delictivos en los tres casos.

Villatoro y Royo, en las dos causas

En la causa de Exteriors, la Fiscalía cuestiona que se aprobó cerca de un millón de euros en subvenciones (como a la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, FOCIR) e informes sin concurso público, y para el ministerio público podrían constituir los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental.

El republicano Aleix Villatoro, con el abogado Ramon Setó, y Albert Royo, exsecretario general de Diplocat, con la penalista Judit Gené, que están procesados por el 1-O en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, presentaron recurso contra la nueva acusación de la Fiscalía que recayó en el juzgado de instrucción 18 de Barcelona porque suponía que dos juzgados diferentes los investigaban por hechos conexos, y dos años después, el verano pasado, todo se acumuló en el juzgado de instrucción 13. Esta unificación ha implicado que la magistrada Alejandra Gil haya tenido que hacer más diligencias y un nuevo sumario, para unificar la causa del 1-O con el de Exteriors.

Y ahora, tendrá que aplicar la ley de amnistía para todos. Así lo exigirán las defensas y habrá que ver el posicionamiento de la Fiscalía.