Todo aquella o aquel que en algún momento de su pasado se ha visto con el excomisario de la policía española José Manuel Villarejo corre el riesgo de aparecer en alguno de sus múltiples audios y salir salpicado de alguno de los diversos escándalos por corrupción que lo rodean. El último de los escándalos afecta al partido del presidente del Gobierno, el PSOE, y es que la Audiencia Nacional ha abierto una nueva línea de investigación en el caso del excomisario que apunta que el PSOE y el grupo Prisa habrían utilizado a Villarejo para espiar y neutralizar el juez que asumió el procedimiento contra Sogecable (propiedad de Prisa). Este caso contra Sogecable era porque se le acusaba de haberse quedado con 138 millones de euros de fianzas depositadas por clientes de Canal Plus, según se desprende de un auto del pasado 8 de julio en el cual ha tenido acceso El Confindencial.

El dictamen al que ha tenido acceso el citado digital tiene el respaldo de la Fiscalía y concluye que el magistrado que instruye el caso Tándem, Manuel García Castellón, tiene que abrir diligencias para determinar las responsabilidades penales en las que habrían incurrido el PSOE y Prisa en este proyecto encubierto por el excomisario. Algunos de los delitos ya habrán prescrito pero los investigados todavía pueden hacer frente a una acusación por pertenencia a organización criminal o incluso una imputación por un blanqueo de capitales que podría haberse alargado hasta el día de hoy.

Las pruebas

Según el auto, al sumario del caso Tándem ya constan documentos relacionados con Villarejo en los que admite su implicación en un plan para investigar y neutralizar al juez del caso Sogecable, Javier Gómez de Liñano, así como también consta una relación con las personas que habrían encomendado el plan y datos sobre la supuesta participación en el pago de un soborno a un juez del Tribunal Supremo, Enrique Bacigalupo, para apartar Gómez de Liaño del caso Sogecable. En el escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, también se hace constar que el excomisario presentó en el 2019 una denuncia donde reconocía su vinculación con los hechos relatados y aseguraba que en su casa había grabaciones de encuentros con altos dirigentes del PSOE y de Prisa para preparar la operación de neutralización del juez. En esta denuncia, Villarejo explica que la trama habría hecho un primer pago de 200.000 dólares a Bacigalupo por la condena de Gómez de Liaño y que más tarde recibió otros 170.000 dólares.

El caso Sogecable

La investigación por el caso Sogecable se abrió en 1997 contra directivos de la empresa por presuntos delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida para quedarse con dinero de la fianza de los abonados de Canal Plus. El juez encargado del caso era Gómez de Liaño pero dos años después el Tribunal Supremo lo expulsó de la carrera judicial al condenarlo por prevaricación continuada en el caso Sogecable (el cual ya se había querellado contra el magistrado el mismo año que se inició la investigación). Uno de los magistrados del Supremo que votó a favor de la expulsión de Gómez de Liaño fue Bacigalupo.