La Audiencia Provincial de Lleida ha confirmado la condena a un año de inhabilitación y 6 meses de multa para el exalcalde de ERC de Alcarràs Miquel Serra. Así pues, el tribunal ha desestimado el recurso de apelación de Sierra y ha ratificado la condena por no haber descolgado esteladas de una plaza pública ni retirar una placa conmemorativa del referéndum a las elecciones de 2019, como le exigió la Junta Electoral Provincial. El exalcalde ha asegurado que su caso es una "persecución política" y ha subrayado que la pena es "desproporcionada". "Para defender la libertad de expresión me piden 1 año de inhabilitación por cargo público", ha lamentado en un comunicado.
Serra ha denunciado la arbitrariedad de la causa: "Hay irregularidades en el requerimiento, y hemos tenido que recusar al juez de instrucción más de una vez". Además, en sus redes sociales ha señalado: "Después de tener que recusar dos veces al juez que habían designado para juzgarme al ser lo mismo que me denunció ninguna sorpresa con la sentencia"!. En el tuit, recuerda que todo es para no sacar las banderas y la placa.
Por la su parte, su partido, Esquerra Republicana de Catalunya, ha mostrado su apoyo a Serra y ha denunciado que su caso es un ejemplo de todas las causas todavía pendientes derivadas del 1-O. "En un contexto represivo que no ha acabado", han sentenciado en un comunicado.
Una inhabilitación anterior de tres meses
Hace aproximadamente un año, el juzgado de lo penal 3 de Lleida condenó a Serrano a tres meses de inhabilitación por un delito de desobediencia por haber facilitado la celebración del referéndum del 1 de octubre del 2017 en el municipio. Concretamente, quedó inhabilitado por los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier cargo electo en una administración local. Además, Serró recibió una multa de 450 euros. La fiscalía le pedía una pena de un año y tres meses de inhabilitación. Por su parte, Serra defendía su absolución.
La defensa del exalcalde negó que Sierra facilitas la abertura del centro cultural Lo Casino para hacer las votaciones del 1-O, por el contrario, afirmaba que no recibió los requerimientos de la delegación del Gobierno para impedir que se llevara a cabo y negó haber dado ninguna instrucción a la ciudadanía sobre ir a votar o que hacer en caso de que apareciera la policía. Por el contrario, Serra defendió que su responsabilidad como alcalde el 1-O fue la de "velar por la gente del municipio y mantener el orden público".