La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Luis Medina y Alberto Luceño del delito de estafa agravada y falsedad en documento mercantil del que les acusaba la Fiscalía de Madrid por engañar al Ayuntamiento de la capital española en la venta de material sanitaria en marzo de 2020, en la primera ola de la pandemia de la covid. Luceño ha sido condenado a una pena de tres años y ocho meses por delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Los dos comisionistas ganaron 6 de los 11 millones de euros que el consistorio madrileño destinó a comprar material sanitario en el bautizado como "caso mascarillas", donde hicieron de intermediarios. La Fiscalía Anticorrupción pedía 15 años de prisión para Luceño y 9 años y 10 meses para Medina. Ambos defendieron su inocencia en el juicio oral.
El fiscal Luis Rodríguez Sol consideraba que Luceño era el responsable de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y un delito contra la Hacienda Pública, mientras que a Medina le atribuye un delito de estafa agravada y falsedad en documento mercantil.
Beneficios millonarios
El tribunal considera que no ha quedado probado que los acusados afirmaran en ningún momento de la negociación que no cobrarían ninguna comisión, una puntualización que legalmente no estaban obligados a hacer y que, según recoge la sentencia, no es exigible en el tráfico mercantil. En sus declaraciones ante el juez insistieron en que en ningún caso habían estafado al Ayuntamiento de Madrid. Medina aseguró que, a pesar de que había "ganado una fortuna" con el negocio, su única intención era "ayudar" y que ningún miembro del consistorio madrileño les preguntó si ganarían dinero en la operación. "No voy contando lo que se gana y tampoco sabía lo que iba a ganar", afirmó Luceño. Desde el ayuntamiento, la responsable de Compras del Consistorio en la pandemia, Elena Collado, contradijo su versión y afirmó: "Me lo dijeron los dos, y en varias ocasiones. Siempre entendí que la oferta era de manera desinteresada y altruista. De hecho, me intentaron convencer". Aun así, los acusados dejaron claro que nunca habían hablado con Collado. El tribunal asume que la representante del consistorio pudo incurrir en un error en la relación con el cobro por parte de los acusados de una comisión, o al menos de su importe. Con todo, considera que este error no fue determinante en la formalización del contrato, puesto que se produjo un acuerdo efectivo de la compraventa y del precio que quedaba dentro de lo que consideraban adecuados en relación con la situación y necesidades del mercado.