La Audiencia de Madrid ha hecho marcha atrás y ha paralizado la comisión rogatoria de Andorra contra Mariano Rajoy por la Operación Catalunya, después de haberla avalado hace un mes. En un auto de este jueves, los magistrados de la Sección Segunda de la audiencia madrileña ha estimado los recursos presentados tanto por el expresidente español como el exministro Cristóbal Montoro y ha ordenado al juzgado competente que se les tenga por personados en el procedimiento que tramita el Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid. También ha ordenado que admita que los recursos de reforma en los cuales ambos solicitaban la no tramitación de la comisión rogatoria.
Es una decisión contraria a la que se tomó en octubre, cuando los magistrados consideraron que las alegaciones de los recurrentes eran acertadas y el recurso de forma tendría que haber sido aceptado... pero que no podían estimar su recurso porque creían que la jueza ya había enviado la respuesta al Principat. Es decir, que la pretensión de ambos había perdido fundamento al partirse de la base que la comisión rogatoria ya había sido devuelta en Andorra — sin embargo, eso no se había producido cuando se firmó la anterior resolución. Conocidos estos hechos, y con el criterio favorable de la Fiscalía, la Sección Segunda ha declarado la nulidad de los primeros autos en defensa de la tutela judicial efectiva y retrotrae el proceso al momento anterior.
La comisión rogatoria de Andorra contra Rajoy
El procedimiento judicial está relacionado con la Operación Catalunya y es consecuencia de la querella presentada por el Institut de Drets Humans d'Andorra y el expresidente de la Banca Privada d'Andorra (BPA) contra Rajoy y otros dirigentes del PP, para investigarlos ante supuestas presiones a la BPA y obtener información de políticos catalanes durante el procés. Así pues, la Justicia del Principat los investiga por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones en órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los presidents Jordi Pujol y Artur Mas — así como del exvicepresident Oriol Junqueras.
Las defensas de Rajoy, Montoro y el exministro Jorge Fernández Díaz alegaron que vieron vulnerados sus derechos porque el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid no realizó el "previo control de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional", cuándo dio trámite a la citada rogatoria.