El PP y su tesorera, Carmen Navarro, así como sus responsables jurídico, Alberto Durán, y de informática, José Manuel Alarcón, tendrán que responder ante la justicia por la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas. La Audiencia de Madrid ha confirmado el procesamiento del PP, de su tesorera y varios asesores legales por presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento por el supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores usados por el extesorero Luis Bárcenas en la sede nacional del partido.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos presentados por el ministerio fiscal; el PP; la tesorera, Carmen Navarro; Fernández-Rodríguez; el asesor jurídico, Alberto Durán, y el director de sistema de información del partido, José Manuel Alarcón.
Todos recurrieron el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, pero la Audiencia confirma la decisión del juzgado número 32 de Madrid en un auto contra el que no cabe recurso. La sección rechaza los argumentos de los recurrentes y sostiene que hay "indicios suficientes" de la comisión de posibles delitos de de daños informáticos previsto en el artículo 264.1 del Código Penal y de encubrimiento previsto en el artículo 451.2 del mismo cuerpo legal.
Los ordenadores destruídos
La juez de Madrid Rosa Freire, responsable del caso, investiga la destrucción de los ordenadores en los que trabajaba Bárcenas. Dichos ordenadores, según cree la juez, se encontraban en una sala que el PP le había otorgado después de que dimitiera de su cargo por su implicación en el caso Gürtel.
Tras su expulsión del partido, Bárcenas perdió el acceso a dicha estancia y a los ordenadores. Es entonces cuando, según cree la juez, el informático del PP se propuso destruir los discos duros. Cuando en agosto del 2013, el juez Pablo Ruz, entonces a la cabeza de la Audiencia Nacional, reclamó los ordenadores de Bárcenas se encontró un ordenador sin disco duro y otro con el disco en blanco, lo que levantó las sospechas de destrucción de pruebas.