La Audiencia de Madrid ha reabierto la investigación por el espionaje con Pegasus a Gonzalo Boye, tal como ha adelantado este lunes Vilaweb y ha confirmado ElNacional.cat. En un auto, el tribunal ha enmendado a la jueza de instrucción que archivó la querella presentada por el abogado hace más de un año, a la vez que ha ordenado citar a declarar como testigos-peritos a los expertos de Citizen Lab que elaboraron el informe sobre el Catalangate. De la misma manera, también ha pedido que la empresa propietaria del software espía, NSO, aporte "todos los contratos, convenios o cualquier tipo de acuerdo que haya suscrito con el gobierno de España, el CNI o cualquiera otro organismo o empresa pública o privada española y que trabaje con entidades españolas, para el uso del software Pegasus en el territorio de España".
En esta línea, la audiencia ha dado la razón a Boye en la negativa a entregar sus móviles a la policía española para examinarlos, cosa que utilizó a la jueza de instrucción para parar la investigación. "Si el señor Gonzalo Boye Tuset utiliza su terminal de telefonía móvil para comunicaciones con personas relacionadas con la defensa de los derechos humanos, o cualquier otro tipo de conversaciones sobre diferentes materias que él quiera tener en el ámbito de la privacidad, es obvio que la entrega del teléfono móvil para practicar el informe pericial sobre contenido y metadatos de las comunicaciones tenidas entre en enero y en mayo de 2020, el día 30 de octubre y el 20 de julio en las 10.00 (...) pondría al descubierto todo o una parte de todo aquello que Gonzalo Boye Tuset quiere mantener en su privacidad", reconoce ahora el nuevo auto, en el cual también se insta el abogado a encargar un informe pericial privado con "contenido parecido a lo que pretendía obtener a la magistrada".
El informe de Citizen Lab y el Parlamento Europeu
La Audiencia de Madrid será quien encargará las diligencias y pondrá en marcha los trámites para pedir a NSO la documentación sobre los contratos de Pegasus en territorio español, además de llamar a declarar a los responsables del informe de Citizen Lab: John Scott-Railton, Wiliam Marczak, Bahr Abdul Razzak, Siena Anstis, Gödze Böcü, Salvatore Solimano y Ronald Deibert. También hay que destacar que el tribunal asume el informe sobre el Catalangate y las conclusiones del Parlamento Europeo como documentos válidos a tener en cuenta.
La resolución indica que Boye fue víctima de los 18 intentos a través de tuits de organizaciones de la sociedad civil o de destacados medios de comunicación, a la vez que señala que el informe de Citizen Lab confirma que el 30 de octubre "sucedió una infección con éxito, justo 48 horas después de la detención de uno de sus clientes". Respecto al Parlamento Europeo, el tribunal recuerda que la cámara "anticipaba que, si los jueces no permiten aceptar el informe de Citizen Lab como prueba de expertos en el caso, representará una dificultad en probarlo para las personas objetos de vigilancia".