La Audiencia Nacional investigará al eurodiputado Alvise Pérez, líder de la agrupación Se acabó la Fiesta (SALF), por un delito de financiación ilegal de partidos políticos al haber recibido 100.000 euros en metálico del empresario a Álvaro Romillo, que hizo una donación a su campaña para las elecciones europeas a cambio de favores políticos. La audiencia ha informado que el juez José Luis Calama ha admitido una denuncia presentada por Romillo, investigado a la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest, contra el eurodiputado por delito de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros para financiar su campaña electoral en el Parlamento Europeo. En un auto, el magistrado ofrece al eurodiputado, vista su condición de aforado, la posibilidad de personarse en las actuaciones y declarar de forma voluntaria en el juzgado el 20 de noviembre, así como aportar documentos, proponer diligencias de investigación y participar en la instrucción de la causa.

Una pieza independiente

Calama, que es el titular del Juzgado Central de instrucción Cuatre, ha acordado abrir una pieza separada independiente de la causa principal para poder investigar los hechos relativos al delito de financiación ilegal de partidos. La causa principal investiga la supuesta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest y varios de sus administradores y en su auto, el juez apunta que la actuación de Alvise en la promoción de la actividad presuntamente ilícita realizada a través del entramado financiero generado en torno a Madeira Invest Club pudiera dar lugar a su consideración como cooperador necesario en el delito de estafa agravada.

No se puede excluir el carácter delictivo

El magistrado, además, indica que los documentos que acompañan a la denuncia de Romillo la dotan de verosimilitud, con lo que concurren los requisitos necesarios para su admisión a trámite y la práctica de diligencias de investigación. Pese a admitir la denuncia a trámite, Camala aclara que "no constituye, todavía, un acto de imputación judicial, aunque permita al denunciado empezar a defenderse en el proceso de acuerdo con lo dispuesto en el art. 118 LECrim . “Supone, por el contrario, la apertura de una vía para la investigación judicial de unos hechos que una o varias personas, actuando como denunciantes, bajo su responsabilidad, ponen en conocimiento del órgano jurisdiccional y respecto de los que, tal como vienen relatados en la denuncia, no puede excluirse su carácter delictivo. Naturalmente, esto no impide la posibilidad de una verdadera imputación judicial tras la comprobación provisional de la realidad de los hechos”.

Los contactos entre Romillo y Alvise

La denuncia de Romillo relata los distintos contactos mantenidos con Alvise con la intención de que el empresario obtuviera la promoción de sus servicios, y al mismo tiempo, el eurodiputado "podría financiar con seguridad y holgura la campaña sin persecución estatal" . Según relata, el 27 de mayo, tras varios contactos, Romillo comunicó al eurodiputado que podía pasar por la sede de la empresa Sentinel para recoger la cantidad de 100.000 euros en efectivo, y que Alvise respondió: “100 %. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias, tío”. Romillo recibió la confirmación de un empleado de que el dinero habia sido entregado y escribió de nuevo a Alvise para confirmarlo, a lo que el eurodiputado respondió que "todo OK" y "100.000 gracias".

Un delito que pena la mera conducta 

El juez también explica en el auto que el delito de financiación ilegal de partidos políticos es un delito de mera actividad, y ya se entiende como consumado con la mera conducta, sin necesidad de que se produzca el resultado o que Alvise haya hecho algo para devolver el dinero recibido. "De cara a la consumación la simple entrega, o la recepción, consumaría el delito, por lo que, conociendo que la aportación va destinada al partido, y que además infringe alguna de las prohibiciones de los artículos 5.Uno y 7.Dos de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, se estaría cometiendo el delito. No hace falta la aceptación o ningún trámite añadido, sino solo el hecho fáctico de la entrega del donativo en cuestión”, concluye el juez.

Romillo pasa a ser investigado

Como también ocurre con los delitos de cohecho, el delito de financiación ilegal castiga tanto a lo que recibe la donación por la formación política como a lo que la hace, por lo que, con la denuncia se extiende la responsabilidad a Álvaro Romillo, que pasa de tener el estatus de testigo, como le correspondería en calidad de denunciado, a la de investigado, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. El juez Camala también le ha citado para declarar el 20 de noviembre.