La Audiencia Nacional ha salido al paso de los reproches de la defensa de Josep Lluís Alay, que encabeza el abogado Gonzalo Boye, contra el juez Manuel García-Castellón, a quien ha acusado de utilizar el caso Tsunami para atacar los acuerdos cerrados entre el PSOE y Junts para impulsar la ley de amnistía. En un auto, la Audiencia responde abiertamente son "absolutamente rechazables" las alegaciones sobre la existencia de "una pretendida motivación política" tras las últimas resoluciones del juez. El tribunal desestima así el recurso de apelación formulado por la defensa del responsable de la oficina del president Carles Puigdemont contra una resolución del juez del 27 de noviembre en que reclamaba más información a diferentes organismos oficiales para avalar la decisión de investigar el caso Tsunami como terrorismo.
La resolución de la Audiencia rechaza que las últimas decisiones del juez García-Castellón, como la del 6 noviembre en que imputa a Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, junto con diez personas más por terrorismo, sean una "respuesta judicial al acuerdo de investidura entre los partidos políticos PSOE y Junts per Catalunya y a la proposición de ley de amnistía presentada por el grupo parlamentario del PSOE".
Pendientes del terrorismo
Con todo, los magistrados de la Sala de lo Penal, presidida por Alfonso Guevara, subrayan que esta resolución "en nada afecta a los recursos de apelación" formulados ante la decisión del juez del seis de noviembre de investigar el caso Tsunami por el delito de terrorismo. La Fiscalía se ha posicionado en contra de esta resolución y reclama que la investigación de Tsunami se enmarque en un delito de desórdenes públicos, y que se deje fuera del caso tanto el president Puigdemont como la mayor parte de los dirigentes y cargos políticos investigados. Todas las defensas se han adherido a esta petición.
Si finalmente la Audiencia Nacional acuerda que no hay indicios suficientes para continuar la investigación de Tsunami por terrorismo, la causa se tendría que derivar a los juzgados de Barcelona o donde pasaron los hechos, como por ejemplo la protesta en el aeropuerto del Prat. Así lo ha reclamado desde el principio Benet Salellas, abogado del empresario encausado Oriol Soler y del directivo de Òmnium, Oleguer Serra, que a la vez insiste que no han cometido ningún delito. Ambos investigados fueron los primeros a denunciar las irregularidades del magistrado.
Juez crítico con la Fiscalía
Paralelamente a la resolución de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo tiene que resolver también si investiga al president Puigdemont por la causa de Tsunami por su aforo como diputado del Parlamento Europeo. Este jueves, el juez García-Castellón, en una resolución, ha sido muy crítico con la Fiscalía por no apoyar a su tesis del terrorismo y se ha arreciado a enviar una exposición razonada para que el alto tribunal asuma la causa de Tsunami. Solo apoyan al juez las acusaciones populares de Vox y la asociación Dignidad y Justicia, vinculada al PP, Sociedad Civil Catalana, que se han presentado a última hora en la causa, como también dos agentes de la policía española heridos en Barcelona en las protestas contra la sentencia del Procés.