Luz verde a la investigación abierta sobre el uso de las cloacas del Estado contra Podemos. La Audiencia Nacional ha avalado que el juez Santiago Pedraz investigue a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, a Eugenio Pino, exdirector Adjunto Operativo (DAO), y a otros altos cargos de la Policía durante el mandato de Mariano Rajoy por las presuntas “investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial”. La Sala de lo Penal ha desestimado un recurso de Francisco Martínez, que pedía que no se admitiera a trámite la querella porque se basaba en 23 conversaciones mantenidas por WhatsApp que fueron obtenidas en el marco de la causa de la operación Tándem que se investigan en el Juzgado de Instrucción Número 6. El exsecretario de Estado de Seguridad esgrimía que ya se había acordado la retirada de estos chats y la prohibición de acceder a ellos.
📝 El juez Pedraz acepta investigar el uso de las cloacas del Estado contra Podemos
Sin embargo, la Sala sostiene que la querella “no solo se basa en los chats mencionados”, sino también en los “otros documentos aportados” por Podemos y en “noticias publicadas en medios de comunicación”. Añade que el juez Pedraz ha acordado la práctica de diligencias, entre las que hay la de solicitar al Juzgado de Instrucción Número 6, dirigido por Manuel García-Castellón, la “información precisa para analizar la posibilidad de la unión definitiva de los chats a la causa, que llevará a cabo en una pieza separada”.
En otro auto, la Sala desestima el recurso de Podemos contra el auto de admisión de la querella, que dejó fuera de la instrucción determinados hechos y personas que la formación morada quería que se investigaran. “La exclusión inicial de la investigación de hechos que no afectan a los miembros del Congreso de los Diputados es procedente, ya que, como señala el auto recurrido, la inmunidad protegida es la personal de los diputados, a los que no se ve afectados en estos supuestos, y no del partido al que pertenezcan”, señala.
Una querella de Podemos contra la policía patriótica
La querella que presentó Podemos apuntaba directamente a los delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. Ahora bien, el magistrado desestimó las acusaciones de malversación y de delito contra las instituciones del Estado, ya que consideró que no se pueden relacionar con los hechos relatados. En su escrito, Podemos señalaba que, bajo el liderazgo de Francisco Martínez y dando cuenta periódicamente a Jorge Fernández Díaz, se hacían “investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal” sobre las personas que formaban parte de Podemos. La formación morada alegaba que el objetivo era filtrarlo posteriormente a los medios de comunicación “bajo el sello de fiabilidad de las fuentes policiales” con la voluntad de “desprestigiar” el partido ante la opinión pública y “atentar contra la indemnidad de sus diputados y cargos públicos”.
A pesar de esto, Santiago Pedraz no aceptó investigar a Jorge Fernández Díaz y a Ignacio Cosidó (que era director general de la Policía Nacional), argumentando que en el relato de la querella no aparecía “afirmada y sustentada indiciariamente que participaran en sus actuaciones con la finalidad criminal que se imputa”. “No se relata más que una suposición que, por los cargos que ostentaban, tendrían que conocer y autorizar los hechos, y esta imputación es insuficiente para admitir la querella contra estos”, argüía. El escrito de Pedraz añadía que el hecho de que Cosidó hubiera filtrado una información en la prensa, como sostenía Podemos, “no permite sustentar la imputación de haber participado o consentido investigaciones”.