El juez de la Audiencia Nacional que investiga la supuesta financiación irregular de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la productora Triacom ha citado a declarar en calidad de investigados cinco empresarios por su presunta participación en una trama de facturación falsa. El magistrado Santiago Pedraz interrogará a los cinco imputados entre el 12 y el 14 de julio a petición de la Fiscalía Anticorrupción, según una providencia dictada este miércoles. Las declaraciones se han aprobado ahora, después de que un juzgado de Lleida que también investigaba supuesta un caso de facturación falsa en torno a la productora Triacom se ha inhibdio en favor del juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Sus declaraciones se enmarcan en una pieza separada del denominado caso 3%, donde se investiga si la productora audiovisual Triacom habría pagado gastos de la campaña electoral de 2010 de la extinta CDC a través de facturación falsa. Precisamente, el fiscal José Grinda sostiene que los cinco empresarios podrían haber participado en esta supuesta trama de facturas falsas que acabaron financiando, supuestamente, gastos de la formación política
Investigados
El fiscal sospecha que Triacom podría haber girado facturas falsas a las empresas de los hermanos Gonzalo y Esteve Niubó, en Mollerusa (Pla de l'Urgell) y que a su vez ellos pagaron supuestamente facturas falsas a las sociedades de Diego Garzón y de sus dos hijos. Se investiga asimismo si estos últimos extrajeron dinero en efectivo, los entregaron a los Niubó y los Niubó, a su vez, en Convergència, según explican a Efe fuentes jurídicas.
El titular del juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, también tomará declaración entre el 5 y el 7 de julio al exdirector del Servicio Meteorológico de Catalunya Oriol Puig, hermano de Felip Puig, exconseller del Govern de Artur Mas, y a los antiguos responsables de dos empresas clave en la causa.
El caso 3%
La pieza principal del caso 3% está ya acabada y falta que el fiscal Grinda presente el escrito de acusación y las penas que solicita para los procesados: 28 empresarios (y 16 personas jurídicas) y responsables de CDC, partido que un juzgado mercantil continúa su proceso de liquidación. De Convergència, hay tres exgerentes: el exconseller Germà Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca. Y fueron procesados por los delitos de: organización criminal, fraude a las administraciones públicas, soborno, tráfico de influencias y blanqueo de capitales por supuestamente "haber financiado de forma encubierta" CDC.
Aparte, recientemente, el juez Pedraz ha aceptado que la Generalitat sea parte acusatoria en el procedimiento, condición que inicialmente tanto el fiscal como el magistrado no veían acertado al considerar que en el Govern, con ERC, había miembros de un partido heredero de CDC, refiriéndose a JuntxCat, malgrat que el tribunal del cas Palau no lo considera así, ni del PDeCat.