Golpe letal a la investigación de Tsunami Democràtic, mientras los 12 investigados por terrorismo esperan a ser amnistiados. La sala penal de la Audiencia Nacional ha anulado la investigación hecha por el magistrado Manuel García-Castellón de los últimos tres años y ha limitado la investigación hasta el 29 de julio de 2021, según una resolución comunicada este lunes. Eso significa que la imputación del president en el exilio, Carles Puigdemont, por terrorismo, hecha el noviembre pasado y derivada al Tribunal Supremo, tiene que decaer. En la resolución, el tribunal da la razón a la defensa de Marta Molina, ejercida por la abogada Marina Roig, sobre que el titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional dictó la prórroga de la investigación el 30 de julio de 2021, y como tardó 24 horas en hacerlo ya es "ilegal" lo ordenado en todas las diligencias posteriores, según la Audiencia Nacional. El tribunal razona: "La proximidad temporal de expiración de plazo y la prórroga no indica continuidad en la instrucción, sino precisamente lo contrario: la solución de esta continuidad". El abogado Gonzalo Boye, en nombre del director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, ya denunció esta irregularidad el enero pasado, pero ahora el tribunal, aunque admite que tiene razón en la ilicitud de la prórroga, no ha aceptado que se decrete el archivo contra Alay porque era investigado antes. Hace tiempo que buena parte de las defensas denunciaban esta irregularidad. Ahora, habrá que ver quién de los 12 investigados de Tsunami se puede beneficiar por esta resolución, si no llega antes la amnistía.
La mitad de los investigados fueron derivados en junio del 2019 del juez de Barcelona del caso Volhov a la Audiencia Nacional y estos lo tendrían más difícil para que la causa se cerrara para ellos. Son Oriol Soler, Marta Molina, Josep Campmajó, Josep Lluís Alay, Xavier Vendrell y Jaume Cabaní (a pesar de que él formalmente no ha declarado nunca y su imputación tendría que decaer, según fuentes jurídicas). Con todo, las defensas exponen que hasta el 29 de julio de 2021 la investigación contra ellos era por desórdenes públicos y no terrorismo, hecho que ahora defenderán si sigue adelante el caso.
Los investigados en el exilio, salvados
Por el contrario, según fuentes judiciales, la investigación de Tsunami se tendría que archivar para los nuevos imputados en noviembre de 2023, aunque estén en el Supremo. Así, serían, además de Puigdemont, la secretaria de ERC, Marta Rovira; el diputado de ERC Ruben Wagensberg; Oleguer Serra, directivo de Òmnium; el periodista Jesús Rodríguez, y el ciudadano italiano Flavio Giulio Foglia. Ahora, el magistrado de la Audiencia Nacional tendrá que decidir si tiene suficientes indicios para enviar a los 6 encausados del 2021 a juicio o decreta el archivo del caso. Precisamente, Wagensberg, Serra y Rodríguez se fueron a Suiza, donde vive exiliada Rovira desde el 2018, cuando fueron imputados por terrorismo, el noviembre pasado.
Ni el muerto del aeropuerto ni 'Xuxo rondinaire'
El magistrado García-Castellón reactivó la causa de Tsunami Democràtic, abierta en 2019 y sin actividad, cuando el Gobierno del PSOE llegó a los primeros acuerdos con Junts y ERC para aprobar la ley de amnistía del procés. Hizo la resolución de imputación por terrorismo al incluir al ciudadano muerto en el aeropuerto de El Prat, a pesar de que una jueza descartó que hubiera estado por culpa de la movilización masiva, impulsada por Tsunami. También hizo investigar si se quería atacar al rey Felipe VI en una visita, con la supuesta complicidad de un agente de los Mossos, que se llamaba en las redes Xuxo rondinaire. Ahora todo esto es papel mojado.