Sin tregua. El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dictado la conclusión de la investigación de la llamada Operación Judas y deja a doce vecinos, vinculados a CDR del país, a un paso de juicio, acusados de los delitos de pertenecer a organización terrorista y, algunos de ellos, de tenencia de material explosivo. El grupo Alerta Solidaria, que lleva la defensa de la mayoría de los procesados, ha denunciado este viernes que con esta conclusión se vuelven a "vulnerar su derecho de defensa", ya que todavía faltan pruebas y hace solo dos semanas que les entregaron dos piezas secretas, que son el origen de su investigación, con ingente información.
A raíz de estas dos piezas secretas de la Audiencia Nacional, se ha descubierto que la Guardia Civil intervino el móvil de 38 personas vinculadas a los CDR y también al entorno al president Carles Puigdemont con la creación del Consell de la República digital. Ara la Fiscalía tendrá que decir las penas que les pide.
Las elevadas penas de prisión
En la resolución, el magistrado Manuel García Castellón expone que la investigación de la Operación Judas se inició el diciembre del 2018, la cual comportó la detención de nuevo personas el 23 de septiembre de 2019, seis de los cuales estuvieron hasta tres meses en prisión provisional, y pudieron salir con fianzas de 15.000 a 30.000 euros. El año 2020 la causa se amplió a cuatro vecinos más, a pesar de que ya no fueron cerrados y pudieron declarar por videoconferencia desde juzgados catalanes, y el juez no los impuso ninguna medida cautelar. El juez archivó la causa a uno de los vecinos por cuestiones de salud, y por eso, al final son 12 las personas encausadas.
Para ocho de ellas, el juez afirma que hay “indicios” que podrían ser responsables del delito de pertenecer a organización terrorista, castigado con penas que van de 6 a 12 años de prisión, y del delito de tenencia, depósito y fabricación de sustancias explosivas, con penas que van de los 8 a los 15 años de prisión, mientras para los otros cuatro los imputa el delito de pertenecer a grupo terrorista. Frente esta resolución de conclusión de sumario se puede presentar recurso en la Audiencia Nacional, que seguramente es lo que harán las defensas de los CDR.
El falso asalto en el Parlament
En la investigación, la Guardia Civil indicó que los procesados formaban parte dentro de los CDR de un grupo llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), que se calificaba de “una célula radicalizada” y que planificaban actos de sabotaje en Cataluña y supuestamente estaban en contacto con dirigentes políticos para cerrar el Parlament si el presidente Carles Puigdemont volvía del exilio. Nada pasó. La Guardia Civil también fue autorizada por el juez para pinchar los teléfonos de los investigados, ponerlos balizas de seguimiento y escucha a sus vehículos y de seguirlos personalmente.
Nada de explosivos
En su detención, el 23 de septiembre de 2019, la Guardia Civil difundió imágenes de los cacheos de sus domicilios y se aseguró que tenían explosivos, una afirmación incorrecta. Uno de ellos tenía material precursor, pero ningún aparato hecho. A banda, uno de los CDR fue juzgado con otras ocho personas por haber agredido a agentes de los Mossos, y de desórdenes y echar aceite a la carretera cuando los presos políticos eran conducidos de Madrid a la prisión de Lledoners, y los 9 fueron absueltos.