La Audiencia Nacional ha enterrado la causa penal abierta por el juez Manuel García Castellón con decenas de grabaciones del comisario José Manuel Villarejo que acreditaban la guerra sucia ilegal de la cúpula política y policial que el ministerio del Interior perpetró entre 2012 y 2017 contra los adversarios políticos del Gobierno. En aquel momento, al frente del Gobierno estaba el PP con Mariano Rajoy de presidente, y la guerra sucia fue contra adversarios como los partidos independentistas, Podemos o el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez.

Según publica este lunes El País, Antonio Piña, el instructor que sustituye el juez García Castellón en el juzgado 6 de la Audiencia Nacional, negó el pasado 7 de marzo a las partes personadas en esta causa la pieza 34 del caso Tándem, la que investiga las actividades delictivas del comisario José Manuel Villarejo, el acceso a todos los audios incorporados en el sumario donde se detallan operaciones policiales sin apoyo judicial contra adversarios del PP. El instructor, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, entiende que estos audios “no guardan conexión con los hechos objeto de investigación en ninguna de las piezas separadas” del caso y, por lo tanto, no serán analizados.

El PSOE recurre la decisión

La acusación popular, a cargo del PSOE, ha recurrido la decisión entendiendo que el juez se está negando a facilitar a las partes que puedan acreditar la participación en una trama delictiva del expresidente Rajoy o la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal. El diario apunta, además, que fuentes socialistas aseguran que los audios podrían “revelar información que confirme la existencia de un encargo parapolicial al comisario Villarejo”, en referencia a la operación Catalunya. El recurso contra el acto del juez Piña reclama que se siga investigando: “Pedimos el alzamiento del secreto de sumario de manera efectiva y, con relación a las diligencias ya acordadas, que se proceda a darles el correspondiente impulso procesal con el fin de evitar mayores dilaciones indebidas y, en cuanto a las solicitadas y no resueltas, que se sirva admitirlas”.

Una investigación muy lenta

El citado diario recuerda que en los dos años y medio que hace que se abrió la causa se ha avanzado muy poco, y es que, asegura, el juez García Castellón se limitó a interrogar en unos pocos minutos a periodistas y empresarios “que tenían en su poder las grabaciones, así como encargar varios informes a la policía, aunque solo se conoce uno de ellos que analizaba tres de los archivos de audio y concluía que eran relevantes para otra causa”.

Así pues, aunque el material incorporado en el sumario era probatorio, el juez no ha imputado ni interrogado a ninguno de los responsables policiales y políticos que conspiran contra los adversarios del PP. Los audios destapan operaciones variadas con tres objetivos principales: desacreditar a los dirigentes independentistas con pruebas falsas, perseguir a los líderes de Podemos, imputándoles delitos que nunca cometieron y desprestigiar al líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez.