El Govern queda fuera de la causa del espionaje con Pegasus a Pedro Sánchez y algunos ministros. La Audiencia Nacional ha denegado que la Generalitat se persone como acusación popular en el caso Pegasus, que se investiga la infección de los móviles del presidente del Gobierno y miembros de su gabinete. Con esta decisión, la sección tercera de la sala de lo penal ha confirmado el criterio del juez que dirige estas pesquisas, José Luis Calama, que desestimó en dos ocasiones la petición de la Generalitat. La Audiencia Nacional sostiene en su auto que la habilitación que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto al ejercicio de la acción popular no alcanza a las personas jurídico-públicas que, en consecuencia, precisan de normas específicas. Los magistrados de la sala tercera entienden que "ninguna norma legal autoriza a la entidad recurrente a personarse en este proceso como acusación popular, por lo que el auto del juzgado central de instrucción ha de ser necesariamente confirmado".
La decisión contrasta con la decisión del juez instructor, que sí que permitió la entrada en la causa de diferentes asociaciones como acusación popular, como es el caso de Asociación de Juristas Europeos Prolege o la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica) previo pago de sendas fianzas de 10.000 euros. En esta causa se investiga la infección con el software Pegasus de los móviles del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de los ministros de Defensa, Margarita Robles; e Interior, Fernando Grande-Marlaska; así como el intento del terminal del responsable de Agricultura, Luis Planas, entre los meses de mayo y junio de 2021.
Espionaje en Catalunya
Sobre espionaje, pero en este caso, a los líderes independentistas, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, denunció ante la ONU a Pegasus. Antich compareció en la sede de Ginebra de Human Rights Council de las Naciones Unidas y, a través de un vídeo, pidió responsabilidades al Gobierno por el espionaje a los independentistas que reveló Citizen Lab. "Citizen Lab ha certificado que 65 personas han sido espiadas en Catalunya de manera ilegal. El CatalanGate es el caso más grande de espionaje en el mundo utilizando Pegasus y hay pruebas convincentes que señalan el estado español", asseguró Antich que recordó que las víctimas son políticos, activistas, periodistas y abogados, entre otros, relacionados con el movimiento en favor de la autodeterminación de Catalunya.
Además, tres juzgados de Barcelona están investigando por separado el espionaje a los líderes catalanes. El titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, que inició una investigación del espionaje al expresident del Parlament, Roger Torrent y al exdiputado Ernest Maragall, desde octubre del 2020 y que la ha archivado de forma provisional- ha rechazado de acumular la querella presentada por la CUP al asegurar que “no puede atribuirse a la misma persona” esta intromisión a la intimidad a través de sus móviles. Además, añade que la empresa NSO Group no está como investigada en la causa abierta por los líderes de ERC, mientras la CUP i Òmnium Cultural solicitan su imputación por vender y no controlar el uso de su programa Pegasus al Gobierno. "Hasta la fecha, no consta base fáctica o jurídica para su imputa".