La Audiencia Nacional ha dado un primer paso después de la querella que presentó Abogados Cristianos contra el PSOE, Junts y ERC y contra el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, por haber acordado la ley de amnistía. La magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, ha decidido preguntar a la Fiscalía quién tiene la competencia para estudiarla y qué diligencias se tendrían que practicar. El escrito que presentó Abogados Cristianos hace quince días acusaba a las tres formaciones de “impedir la ejecución de numerosas resoluciones judiciales, dictadas por los jueces y tribunales competentes en el ejercicio de la potestad jurisdiccional” y de un delito de tráfico de influencias.
En el auto, la jueza apunta que no quedan “determinadas” la “naturaleza y circunstancias” de los hechos ni “las personas que han intervenido”. Por este motivo, es necesario “instruir diligencias previas y practicar aquellas que son esenciales encaminadas a efectuar esta determinación y, si procede, el procedimiento aplicable”. Asimismo, la magistrada reconoce que los hechos que relata Abogados Cristianos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, “celebra” esta decisión y considera que “los jueces son responsables de impartir justicia y evitar que se lleve a cabo un atentado contra la Constitución”. Por su parte, el portavoz de la entidad, el letrado José María Fernández Abril, arguye que la aprobación de la amnistía es un “nuevo ejemplo del asalto a la justicia por parte del Gobierno” y defiende que esta querella responde a “la necesidad de garantizar la independencia judicial” y al “bien común y moral que supone defender la unidad de España”.
Abogados Cristianos acusa a PSOE, Junts y ERC de “usurpar las funciones del poder judicial”
La querella de Abogados Cristianos, a la que tuvo acceso ElNacional.cat, sostenía que la amnistía es una manera “de usurpar las funciones del poder judicial mediante la falsa apariencia de legalidad de la vía parlamentaria” para aprobar una ley que nace de un “pacto fraudulento” y que “solo persigue los intereses particulares de los partidos querellados” para “obtener la impunidad de los hechos delictivos”. El texto apuntaba que la amnistía “no es más que un indulto generalizado encubierto”.
La querella esgrimía que “es un hecho objetivo que la entraña de los acuerdos suscritos” entre el PSOE y los partidos independentistas “no persigue aquello que han llamado «desjudicializar el conflicto del Estado con Catalunya»”, sino que “consiste en obtener votos para el candidato del PSOE a la sesión de investidura”. Para los denunciantes, eso es un pacto con “causa ilícita y nulo de pleno derecho” que “solo sirve” para que “un grupo de ciudadanos puedan eludir la acción de la justicia, bajo el disfraz de que se persigue buscar posibles soluciones a un supuesto conflicto político”.