La Audiencia Nacional empieza, este lunes, el juicio a una supuesta trama de narcotráfico liderada por José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, el cual -según la Fiscalía- fue ayudado por Gonzalo Boye, como su abogado, por supuestamente blanquear 889.620 euros del narcotráfico, que se decomisó a otros cinco acusados en el aeropuerto de Barajas, en el 2017. Por estos hechos, el fiscal pide para Boye 9 años y 9 meses por los delitos de blanqueo de capitales y falsificación documental. La defensa de Boye argumenta que "las acusaciones son infundadas y que su única participación fue de asesoramiento legal, sin involucrarse en actividades ilícitas". Está previsto que los acusados declaren los últimos, programado por finales de enero de 2025.
Ante las pruebas presentadas que rompen la acusación, Gonzalo Boye ha asegurado abiertamente que el fiscal mantiene la acusación contra él porque ha defendido a los líderes del independentismo catalán, como el president en el exilio, Carles Puigdemont. Así lo expresa en un documental. El penalista ha recibido el apoyo de abogados y profesores de derechos humanos europeos, aglutinados en el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Derechos Humanos (ECCHR, en inglés). Este organismo que ha enviado una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, para instarlo a vigilar este procedimiento y que no sea un castigo a Boye por haber defendido causas políticas. Es previsto que el primer día del juicio Gonzalo Boye sea acompañado por abogados y políticos catalanes, ante el tribunal, en la sede de San Fernando de Henares, en Madrid.
Más de 100 testigos
El juicio tiene cifras macro. Hay 48 personas acusadas y 5 empresas o personas jurídicas. Además, hay un total de 150 testigos citados, la mayoría agentes de la policía española. Esta semana se han programado cuatro sesiones del juicio, de lunes a jueves, y es previsto que las defensas presenten las cuestiones previas, donde denunciarán la vulneración de derechos por parte de los investigadores y la Fiscalía. La vista continuará dos semanas de diciembre: del 2 al 5 y del 16 al 19, con la declaración de testigos y peritos; y seguirá dos semanas más en enero: el 13 al 16 y del 27 al 30. Es cuando tocará el turno a los interrogatorios de los procesados y de los informes finales.
El tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará Boye y el resto de procesados es formado por los magistrados Félix Alfonso Guevara, presidente; Francisco Javier Vieira y Ana María Rubio, que será la ponente, es decir, la que redactará la sentencia. El magistrado Guevara también fue el presidente del juicio de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17-A, y se le recuerda por su dureza con los abogados, aunque después se vio que se había estudiado a fondo la causa y reñía a los que no lo habían hecho. "Las víctimas han sido las grandes olvidadas", afirmaron a los magistrados en la sentencia. Esta frase y su reconocimiento como víctimas es lo más apreciado por afectados y familiares de los asesinatos y heridos por los jóvenes radicalizados de Ripoll, enfrente de las críticas a Ministerio del Interior.
El papel de la fiscalía, cuestionado
En el juicio, la defensa de Boye denunciará la persecución que le ha sometido el fiscal Ignacio de Lucas, el cual desde julio de 2023 es miembro de la Fiscalía Europea en nombre del Estado español. Para la defensa de Boye, De Lucas "ha liderado una campaña judicial sin fundamentos, usando testigos coaccionados y pruebas débiles para sostener las acusaciones". Incluso, se ha asegurado de que los actuales fiscales del caso han llegado a acuerdos con algunos de los acusados con el fin de mantener la acusación contra el abogado de Puigdemont.
En concreto, el fiscal sostiene que Miñanco y Boye planearon conjuntamente recuperar el dinero confiscado en el aeropuerto mediante la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio. No obstante, uno de los acusados, Manuel Pedro González Rubio, ha indicado ahora que el dinero es suyo, no de Miñanco, hecho que desmonta la acusación de blanqueo.
La defensa insiste en que con la confiscación del dinero ya se sancionó por vía administrativa al auténtico propietario del dinero, González Rubio. Y concluye que "ni SEPBLAC, ni la Abogacía del Estado, ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid vieron indicios de blanqueo".