Primero fue la familia Pujol Ferrusola y ahora ha sido el turno de la cúpula de la antigua Convergència por el caso 3%. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha propuesto juzgar hasta tres exgerentes de CDC, el exconseller Germà Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca. De la misma manera, el magistrado también ha dejado cerca del banquillo de los acusados al exresponsable jurídico del partido, Francesc Xavier Sánche Vera, y 28 personas físicas y 16 personas jurídicas. Les considera presuntamente responsables de varios delitos: organización criminal, fraude a las administraciones públicas, soborno, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La causa investiga la estructura puesta en marcha para financiar la formación "ilegalmente y de forma encubierta".

El auto, de 304 páginas, pone fin a una instrucción de cinco años, que empezó en 2005 con actuaciones irregulares de personas vinculadas al Ayuntamiento de Torredembarra. El procedimientos no sólo se dirige contra diferentes cargos políticos y funcionarios públicos, sino también contra personas jurídicas. Entre estas, las formaciones de CDC y el PDeCAT, o las empresas TeyCo, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras o Copisa. En cambio, se ha archivado la causa para cinco personas físicas y una jurídica.

 

El resto de personas investigadas son Anna Dolors Benítez, Carles del Pozo, Ángel Sánchez Rubio, Constantí Serrallonga, Ernest Santolaria, Josep Antoni Rosell, Josep Lluís Quer, Sixte Cambra, Antoni Vives, Xavier Tauler, José Miarnau, Josep Manuel Bassols, Sergi Lerma, José María Zaragoza, Pedro Javier del Llano, Ramon Anglada, Joan Albert Arqués, Félix Pasquina, Juan Luis Romero, Ramon Blázquez, Joan Maria Pujals, Jordi Sumarroca, Antonio Garcia Bragado, Jordi Soler, Jordi Duran Vall-Llosera, Juan Antonio Carpintero y Emilio Carpintero.

"Tres escalones"

El juez describe hasta "tres escalones de la organización criminal" en una concertación entre altos cargos de CDC, responsables públicos de instituciones catalanas y diferentes empresarios. En la cúspide sitúa a los responsables de la formación, los exgerentes Gordó, Osácar y Viloca, que según el auto llevaban a cabo un control y seguimientos de las licitaciones de obra y servicios públicos de diferentes administraciones, todas gobernadas por CDC (ayuntamientos, diputados y organismos de la misma Generalitat). La investigación concluye que "influían en sus responsables con el fin de conseguir que fueran adjudicadas a las empresas conniventes o asociadas a este pacto criminal". Los gerentes llevarían las cuentas, materializarían el seguimiento de las deudas pendientes y "por supuesto recibían los pagos".

Por debajo de los gerentes se sitúan las autoridades de estas administraciones que, siguiendo sus indicaciones, alteraron concursos públicos para "dirigirlos" hacia las compañías investigadas. Finalmente, el juez instructor incluye a los empresarios que se concertaron "sistemáticamente" con altos cargos de Convergència para realizar pagos encubiertos al partido. Estas donaciones se canalizaron a través de las fundaciones CATDEM y Fòrum Barcelona.

Según José de la Mata, todos los investigados compartían una misma finalidad: "subvertir el estado de derecho y, mediante un intenso abuso de poder, utilizar la dirección de las Administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo una financiación ilegal para lo mismo, implicando un grave descrédito a la Administración Pública y un perjuicio en el propio erario público".

Mismo patrón de actuación

Después de analizar los documentos intervenidos, el instructor destaca la relación temporal y causal entre los anuncios, las publicaciones de los concursos, las reuniones entre los actores, la adjudicación del contrato y las donaciones a las fundaciones de CDC. No obstante, De la Mata constata que no siempre estaban vinculadas a adjudicaciones. A veces, simplemente, están destinadas a mantener la buena relación con la formación y "situar o mantener la empresa en posición de acreedor con vistas a futuras adjudicaciones".

De la Mata describe una estructura que es estable, permanente y sostenida en el tiempo con un patrón de funcionamiento planificado e implementado por los responsables del área económica y financiera de CDC. El auto remarca que estas donaciones eran de una trascendencia relevante: supusieron una media del 11,5% de la "financiación privada" del partido entre el 2008 y el 2012 y un 7,7% de la financiación total de la formación. Fue sostenido en el tiempo. En palabras del juez, "la mejor evidencia es que los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos objeto de investigación".

CDC y PDeCAT, también investigados

Entre las personas jurídicas investigadas no sólo hay CDC, sino también el PDeCAT. Con respecto a CDC, el juez detalla la operativa para financiarse ilegalmente sin ningún tipo de "protocolo interno". Subraya que se mantuvo en el tiempo incluso después del caso Palau. Delante de eso, concluye, la cúpula "no habría emprendido ninguna iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos durante once años".

Con respecto al PDeCAT, De la Mata recuerda que existe una aparente identidad entre las dos formaciones y que no fue el nacimiento de un nuevo partido. "Se corresponde con la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que podría haber incurrido la formación política precedente".

Con este auto, el magistrado José de la Mata da un plazo de 30 días en la Fiscalía y las partes acusadoras para que presenten su escrito de acusación o archivamiento de la causa. A partir de aquí, ya llegará el procesamiento.