La instrucción del juez Manuel García-Castellón en el caso de Tsunami Democràtic tiene que ser revisada por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en dos puntos clave. El primero, si hay indicios del delito de terrorismo o, por el contrario, solo del delito de desórdenes graves, como mantiene la Fiscalía. Y, en el segundo caso, si dos agentes de la policía española heridos durante las protestas en la plaza de Urquinaona en 2019 tienen legitimidad para ser acusación particular en el caso de Tsunami Democràtic, que ha validado el juez con una nueva resolución. Las defensas de dos encausados, Marta Molina y Oriol Soler, han confirmado a ElNacional.cat que presentarán recurso contra la decisión del titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional de aceptar su personación, que también ha rechazado el fiscal Miguel Ángel Carballo, posición criticada por el magistrado García-Castellón.
La respuesta de la Audiencia Nacional será vital para el futuro de la investigación de Tsunami Democràtic. El magistrado García-Castellón, sin embargo, para evitar que le diluyan el caso, sin esperar la respuesta de la Audiencia Nacional, elevó el caso al Tribunal Supremo, el cual tiene que decidir si investiga al president Carles Puigdemont y por el delito de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic. El alto tribunal español manda, y su respuesta puede ser diferente de lo que dicte la Audiencia Nacional. Con respecto a la personación de los agentes de la policía española, no está todavía en debate en el Supremo. Con todo, su abogado, Josep Maria Fuster-Fabra, ya ha pedido personarse en la causa de Tsunami en el Supremo, sin que el tribunal haya dicho si quiere asumir o no la causa contra el presidente catalán.
El Supremo manda
En la resolución del juez García-Castellón, del 9 de febrero pasado, descarta el recurso presentado por el abogado Benet Salellas, en nombre del empresario Oriol Soler, en el cual sostiene que los dos policías heridos no tienen legitimidad para personarse en la causa de Tsunami, ya que las lesiones no fueron causadas por los encausados, ni instigadas. Por el contrario, el magistrado expone de forma concisa que repite los argumentos que dio en el recurso presentado por la abogada Marina Roig, en nombre de la vecina de Girona encausada, Marta Molina, del 24 de enero pasado.
En concreto, el juez sostiene que la protesta del 18 de octubre de 2019 —cuando se convocó una huelga general en Catalunya contra la sentencia del Supremo a los líderes catalanes y que provocó disturbios en la plaza Urquinaona y supuestas lesiones a los dos policías españoles— "también forman parte de la investigación de Tsunami Democràtic", aunque inicialmente se había centrado en la manifestación en el aeropuerto del Prat, el 14 de octubre, y de cortes en la AP-7, en la Jonquera. García-Castellón rechaza que sea una "investigación prospectiva", como sostienen las defensas, y añade que Tsunami, plataforma anónima, "dio apoyo a la huelga" a través de las redes sociales y, por lo tanto, se tiene que investigar si hay indicios entre Tsunami y las lesiones de los agentes, aunque ninguno de los 12 encausados estaba allí.
Puigdemont y la Fiscalía
Para el magistrado García-Castellón, sin embargo, hay indicios para imputar el delito de terrorismo al president Puigdemont y al resto de encausados, porque a pesar de no estar en la protesta, la habrían impulsado, y se les puede atribuir responsabilidades. Además, el juez insiste en que "Tsunami fue una organización estructurada, con roles definidos, y vocación de permanencia, organización a la cual se imputa la comisión de acciones de naturaleza terrorista".
De momento, la sala del tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena, no decidirá nada hasta que tenga el informe de la Fiscalía sobre el caso Tsunami, que ha provocado una rebelión de los integrantes más conservadores. Ahora, la teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de la Fiscalía General, María Ángeles Sánchez Conde, tiene que unificar el criterio de la institución ante las discrepancias existentes y elevar una propuesta al alto tribunal, después de que una amplia mayoría de fiscales de la Junta de Fiscales abogara para proponer investigar a Puigdemont por terrorismo.