El juez de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Calama, ha admitido tres denuncias presentadas contra los responsables de la plataforma de inversiones Madeira Invest, patrocinada por Alvise Pérez, que cerró de una manera repentina el pasado 16 de septiembre, por tratarse de una presunta estafa piramidal. Las denuncias van dirigidas contra el empresario Álvaro Romillo, máximo dirigente de la plataforma. En el auto, el juez rechaza inhibirse en favor del Tribunal Supremo para investigar al líder de Se Acabó La Fiesta (SAF), Alvise Pérez, que recibió 100.000 euros en efectivo del fundador de este chiringuito financiero, tal como le habían pedido las asociaciones denunciantes porque, según recuerda el magistrado se tiene que remitir una exposición razonada para investigar a un aforado cuando aparezcan "indicios de responsabilidad".

Presunto delito de estafa

Calama admite las tres denuncias presentadas por Ances, Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas contra el empresario y las entidades. El juez señala que una vez analizado, aparece con "meridana claridad" que los hechos son susceptibles de constituir una defraudación, que pueden ser constitutivos de un delito de estafa y que serían competencia de la Audiencia Nacional por el número de perjudicados y la cuantía supuestamente defraudada.

El juez indica que el perjuicio denunciado por las acusaciones ascendería a más de 11 millones de euros, una cifra que supera de largo el límite de los 7 millones de euros que fija el Tribunal Supremo como parámetro para atribuir la competencia de la Audiencia Nacional. El magistrado hace referencia a criterios de funcionalidad para concluir que la Audiencia Nacional es el órgano judicial que se encuentra en una posición más favorable para hacer frente en la investigación. Calama indica que, en el caso analizado, se intuye un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, que hará necesario acudir de manera recurrente a la emisión de instrumentos de cooperación jurídica con el objetivo de determinar la naturaleza y las circunstancias de los hechos, "las personas que en ellos hayan participado y la localización de activos financieros". El juez señala que los documentos incorporados en las denuncias y enlaces a información externa apuntan al hecho que la cifra de afectados podría llegar a los 27.000 y el perjuicio podría superar los 300 millones de euros.

Petición de imputación de Alvise Pérez

En relación con la petición de imputación de Alvise Pérez que reclamaba la Asociación de Usuarios de Criptomonedas después de conocer que recibió 100.000 euros en efectivo antes de las elecciones europeas de este xiringuito financiero que financió su campaña del 9-J, el juez ha desestimado la solicitud de inhibirse en favor de Tribunal Supremo porque según la doctrina del alto tribunal se tiene que remitir una exposición razonada para investigar un aforado cuando aparezcan "indicios de responsabilidad". Esta asociación amplió su denuncia inicial para solicitar que el juzgado enviara la causa al alto tribunal por su condición de eurodiputado y, por lo tanto, de aforado.

El juez afirma que no basta con la constatación puramente nominal que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado, sino que "tiene que ser bastante exhaustiva para delimitar, con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente, el alcance objetivo y subjetivo de los hechos".  Recuerda además el magistrado que un aforado puede asumir la condición de parte y declarar voluntariamente ante el juez. "Se establece también expresamente la facultad de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones y obtener copia de esta denuncia o querella, en su caso; declarar voluntariamente ante el Juez, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias", apunta.