Del 10 de noviembre de 2025 al 23 de abril de 2026. Serán los cinco meses que se alargará el juicio a la familia Pujol en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El juez que instruyó el caso, José de la Mata, consideró que la familia del expresident de la Generalitat acumuló un “patrimonio desmesurado directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas” y concluyó que todos sus miembros que habrían formado una “organización criminal” con “diferentes niveles jerárquicos”, una “estructura planificada” y “permanencia en el tiempo”. La Fiscalía solicitó una pena de nueve años de prisión para el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley porque sostiene que cometió los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita por haber cobrado comisiones a cambio de “favorecer determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de diferentes concursos públicos de la administración pública catalana”. Por su parte, el Ministerio Público pidió penas de entre 8 y 29 años de prisión para sus siete hijos. La más elevada es para Jordi Pujol Ferrusola, a quien también acusa de los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda pública. El tribunal que juzgará a la familia Pujol estará presidido por la magistrada María Riera y estará integrado por Carolina Rius y María Fernanda García, que será la ponente.
Fue en julio de 2020 cuando José de la Mata envió a toda la familia Pujol a juicio por organización criminal. En un auto de 509 páginas, el magistrado esgrimió que todos los miembros de la familia del expresidente de la Generalitat “formaron una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmesurado directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 consideró que los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental y subrayó que parte de las actividades coincidieron en el tiempo con la presidencia de Jordi Pujol, entre 1980 y 2003.
Concretamente, el magistrado apuntó contra 27 personas, entre las que hay Jordi Pujol, su mujer, Marta Ferrusola (que murió el pasado mes de julio), y sus siete hijos: Jordi, Josep, Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer. También aparecían la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, o los empresarios Luis Delso Heras, Carles Sumarroca Coixet y Carles Sumarroca Claverol.
“No hay indicios sólidos” que exista la famosa herencia del abuelo Florenci
Una vez acabada la instrucción, el juez José de la Mata concluyó que “no hay indicios sólidos” sobre la existencia de la famosa herencia del abuelo Florenci: “A lo largo de la investigación, no se ha aportado ningún elemento que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado ninguna explicación razonable y contrastable por ninguna de las personas investigadas de esta familia sobre este hecho”, arguyó. Y argumentó que el patrimonio de la familia proviene de varias fuentes, en algunos casos desconocidas, y que los mismos investigados negaron tener conocimiento del sitio donde estuvo esta deja, las entidades bancarias donde se depositó o como y cuando llegó a Andorra.
Asimismo, el juez sostuvo que el origen de los fondos eran pagos ilícitos de terceras personas vinculadas a diferentes empresas y que “se habían disimulado bajo diferentes estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales”. “Todos estos contratos simulados encontraban su contraprestación en el ejercicio de influencias concretas por parte de la familia Pujol en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística y adjudicación de concesiones a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán”, relataba José de la Mata.
Jordi Pujol habría asumido la “dirección de toda la estrategia” y la “recepción y distribución de las cantidades ilícitas”
El juez de la Audiencia Nacional estaba convencido de que en lo alto de esta presunta organización criminal había Jordi Pujol y Marta Ferrusola y que, por debajo y recibiendo sus instrucciones, estaba Jordi Pujol Ferrusola. Eso sí, quien asumió la “dirección de toda la estrategia” y la “recepción y distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y sus hermanos” habría sido el expresident de la Generalitat. Los otros seis hermanos se habrían limitado a seguir las instrucciones de Jordi Pujol Júnior. Lo habrían hecho abriendo sus propias posiciones bancarias a Andorra, gestionando los capitales que eran “distribuidos” por él y tomando decisiones para ocultar este patrimonio.