Quién estaba detrás del Tsunami Democràtic, cuándo surgió y cómo se organizaba, ha sido en los últimos años una de grandes incógnitas del procés independentista para la Guardia Civil. Ahora, tal como ha publicado el periódico digital El Confidencial, la Audiencia Nacional, después de una investigación de la policía, señala directamente a altos cargos de ERC por el diseño de esta entidad, que organizó entre otras acciones la ocupación independentista del aeropuerto del Prat tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los presos políticos. Concretamente, el encargado de investigarlo es el Juzgado Central de Instrucción número 6, que ha identificado a los presuntos líderes de esta organización, descartando que fuera un movimiento espontáneo de la sociedad civil como respuesta a la represión del Estado.
Un nombre destaca por encima del resto, según los informes de la Guardia Civil. Es el de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que habría ocultado su identidad en los chats de mensajería cifrada para evitar ser descubierta bajo el sobrenombre de Matagalls, en honor en la montaña del Montseny. Hay que tener en cuenta, que durante la celebración de los Cims per la Llibertat, en 2018, Rovira escogió esta montaña ya que, como explicaba entonces desde el exilio, es la preferida de la osonense. Según los informes de la Guardia Civil, la tarea de Rovira consistía en consensuar el formato y el contenido del Tsunami con el resto de partidos y entidades independentistas, también el Govern presidido entonces por Quim Torra. El cerebro del Tsunami no estaba así en Barcelona, sino en Ginebra. Allí, siempre según consta el procedimiento judicial, a finales de agosto de 2019, mes y medio antes de la publicación de la sentencia, se celebró una reunión en la que también participaron Carles Puigdemont, que se había desplazado desde Bélgica, o Anna Gabriel, exiliada también en Suiza. En ella, se habría hablado el calendario de protestas y se pactó el anonimato total del Tsunami.
Reunión de Rovira, Puigdemont y Gabriel en Suiza
Pocos días más tarde, el Tsunami Democràtic se presentó oficialmente en las redes sociales. Era 2 de septiembre de 2019 y la plataforma plantaba semillas para recuperar la iniciativa con la "no violencia y la desobediencia civil" como respuesta a la sentencia, que se estaba a punto de publicar. En aquel momento, se presentaron como una iniciativa impulsada por personalidades de la política y la sociedad civil, contando con el apoyo de los principales dirigentes independentistas del momento, también Marta Rovira y Puigdemont. A partir de aquel momento se empezaron a suceder las iniciativas, de las cuales iban informando a través de Telegram y de las redes sociales, con el punto álgido en octubre del 2019 y la ocupación del aeropuerto.
Según recoge ahora la Guardia Civil, detrás de la campaña de difusión del Tsunami estaban también políticos de ERC y el empresario Oriol Soler Castanys. En 2020, el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ordenó su detención en el marco de la operación Volhov, aunque lo acabó exculpando. Con todo, durante su arresto le intervinieron aparatos informáticos y eso ha sido clave para entender su posición dentro de la organización del Tsunami. Según las diligencias de la Audiencia Nacional, Soler se comunicaba bajo el seudónimo de Rigoberto y se centró en la comunicación de la plataforma, que se hizo a través de las redes sociales y Telegram. La policía también señala a Oleguer Serra Boixarda, que utilizaba el sobrenombre de Pere Carbasser, Xavier Vendrell Segura (Índigo i Escobar), Marta Molina Álvarez (Mandela) y Josep Campmajó Caparrós (Canalla).
Imputación por delito de desórdenes públicos agravados
En un primer momento, la Audiencia Nacional consideró que los hechos organizados por el Tsunami, fuera la ocupación del aeropuerto o el corte de la Junquera, podían ser constitutivos de un delito de terrorismo, ya que habían alterado la paz social y la orden constitucional, colapsando infraestructuras importantes de comunicación. En su momento se consideró el procedimiento por sedición, pero después de la reforma del Código Penal la previsión es que la AN los impute por un delito de desórdenes públicos agravados.