La Audiencia Nacional da la razón al coronel Diego Pérez de los Cobos. El juzgado central de lo contencioso-administrativo 8 ha acordado hoy anular y dejar sin efecto su cese como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). El ministro Fernando Grande-Marlaska justificó falta de confianza, después de los polémicos informes sobre el 8-M en la capital española. Pero la justicia no lo ha entendido así y ha condenado al Ministerio del Interior a su reingreso en la posición que ocupaba. El Gobierno recurrirá a través de la abogacía del Estado.
En la sentencia emitida hoy, el magistrado Celestino Salgado acepta de esta manera el recurso que había presentado el mismo coronel de la Guardia Civil, que el 2017 también fue el coordinador del dispositivo policial del referéndum del 1-O. Después de analizar los hechos y las resoluciones, el juez concluye que el cese se motivó en el hecho de no informar de las investigaciones y actuaciones del cuerpo armado en la causa del 8-M abierta por un tribunal ordinario de Madrid, que impuso a Pérez de los Cobos el deber de reserva.
"No constando en ningún caso qué información se consideraba que tendría que haber comunicado el recurrente en su condición de jefe de la Comandancia de Madrid, no podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional era ilegal", justifica el magistrado en la sentencia. Por eso, añade, "el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban", que era "no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso". Haber informado de ellas, remacha, "podría haber sido constitutivo de un ilícito penal".
Fuentes del Ministerio del Interior expresan "respeto a las decisiones judiciales", pero adelantan que interpondrán un recurso a través de la Abogacía del Estado al "discrepar" de la resolución de la Audiencia Nacional.
La manifestación del 8-M
Marlaska lo destituyó por negarse a darle información judicializada sobre el caso 8-M, por la autorización administrativa de la manifestación feminista a pesar de la pandemia de la Covid. Aunque Interior no confirmó oficialmente el motivo del cese, fuentes conocedoras de los motivos del cese apuntaban en el informe que la Guardia Civil envió al juzgado de instrucción 52 de Madrid en la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber permitido la manifestación. La causa fue finalmente archivada.