Primer paso. La sección 5a de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda contra el Gobierno que presentaron, a mediados de mayo, el president Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament de Catalunya, Josep Costa, por el espionaje a que fueron sometidos a través de sus teléfonos móviles con el programa Pegasus, según ha informado este viernes la oficina del 131 president de la Generalitat. En el ámbito contencioso, la admisión a trámite de una demanda es automática, y la importancia de esta resolución es que la sección 5.ª del contencioso reclama al Ministerio de Defensa que aporte todo el expediente administrativo relacionado con el caso de Torra y Costa y le da un plazo de cinco días. El Gobierno podría escudarse en qué la información pedida está clasificada como secreta, como ha manifestado hasta ahora para eludir responsabilidades sobre el Catalan Gate, con el espionaje a una sesentena de políticos y ciudadanos solo por el hecho de ser independentistas. Extremo, el secreto de las actuaciones, que los demandantes ya avanzan, que también lucharan para que se levante.

"Se trata de un paso más en el camino para conseguir en los tribunales europeos una condena del Estado español por vulnerar sus derechos fundamentales", afirma en un comunicado la oficina de Torra. En su recurso, el presidente Quim Torra y Josep Costa denuncian el Gobierno "por la intervención, escucha, sustracción, recopilación, tratamiento, uso, difusión y almacenaje de la información y sus comunicaciones de sus teléfonos móviles institucionales". Asimismo, recuerdan que también han sido espiados indirectamente a través de los dispositivos de sus colaboradores, compañeros o aliados a las instituciones catalanas. Añaden que la demanda la contestará el Ministerio de Defensa porque la Fiscalía y la Abogacía del Estado "alegaron que las funciones de espionaje dependen de este departamento".

El espionaje masivo al independentismo catalán

La oficina del presidente Torra detalla que, según todas las informaciones de que disponen, "el Gobierno emprendió una intervención masiva de dispositivos móviles de cargos públicos de ideología independentista a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)". Y precisa que de acuerdo con la ley que regula el CNI (ley 11/2002), 'este actuará de acuerdo con los objetivos de inteligencia definidos por el gobierno'. "Es evidente, pues, que este espionaje se ha hecho de acuerdo con los objetivos definidos por Pedro Sánchez y el Consejo de Ministros, como ya se ha reconocido en relación con parte de los espiados", sostiene el comunicado de Torra.

La investigación realizada por los expertos de Citizen Lab destapó el Catalan Gate, del cual por ahora ninguno de los seis jueces de instrucción de Barcelona ha hecho investigar con firmeza, a pesar de las querellas presentadas por los afectados de ERC, Òmnium, la ANC y la CUP.

El presidente Quim Torra y Josep Costa exponen que "han escogido la vía del contencioso ante las actuaciones de la administración estatal que no tengan la cobertura jurídica y lesionen los derechos fundamentales de cualquier persona". Se añade que "una vez se ha reconocido por parte del Gobierno, a través de la directora —ahora cesada— del CNI, que ni Quim Torra ni Josep Costa fueron espiados con autorización del juez del Tribunal Supremo asignado al CNI, el secuestro de todas las comunicaciones y toda la información de sus dispositivos móviles no tiene ninguna base legal ni cobertura judicial". En todo caso, alegan que, incluso, "si hubiera autorización judicial, el espionaje, sería igualmente ilegal por la falta de las garantías democráticas mínimas".

Josep Costa ha reaccionado en Twitter a la respuesta de la Audiencia Nacional. "Desenmascarar el Gobierno, eso es el que estambre haciendo con el presidente @QuimTorraiPla", ha tuiteado.