Segunda acción de transparencia obligada. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional, por segunda vez, ha dado la razón al diputado de la CUP Xavier Pellicer y ha ordenado al magistrado Manuel García Castellón, que le facilite las diligencias previas 99/2018 "siempre que haya estado objeto de investigación", tal como ya ordenó que se le diera acceso a las diligencias previas 104/2017, según ha informado la organización de la Izquierda independentista Alerta Solidaria este viernes. Las investigaciones del 2017 se iniciaron de forma secreta con el genérico de "Apología del terrorismo", a partir de una denuncia de un trabajador de Renfe, causa que derivó en diferentes piezas, a la caza de independentistas catalanes, como los CDR detenidos el 29 de septiembre de 2019.
En las diligencias 99/2018, se investigó el entorno de la exdiputada Anna Gabriel, meses después que se exiliara a Suiza, como es el caso de Pellicer, cuando era portavoz nacional de Alerta Solidària. De estas dos diligencias ha trascendido que fueron investigados junto a Pellicer al menos 37 independentistas: desde bomberos, mossos, y personas próximas a los presidentes Quim Torra y Carles Puigdemont. Una de las causas que continúa secreta es la de la plataforma Tsunami Democràtic, de la cual el titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional tiene que resolver la semana próxima si, finalmente, levanta el secreto, como se le reclama.
Sofware en el móvil
El juez le denegaba el acceso a la investigación a Pellicer al afirmar que no hay ningún cargo contra él. Alerta Solidaria ha calificado de "obstruccionista" la reiterada negativa del magistrado García Castellón de no querer facilitar información al diputado cupaire, tal como exige la ley, cuando una persona ha sido investigada penalmente. En concreto, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional detalla que las diligencias 104/ 2017 ya fueron sobreseídas, a pesar de que estas se ramificaron en distintas piezas, como la 99/18, donde se constata que a Pellicer se le instaló un sofware en su móvil, como también a 37 independentistas más.
Caza de independentistas
Garcia Castellón ya tuvo este comportamiento poco transparente con los 12 ciudadanos de diferentes CDR, procesados por terrorismo y pendientes de juicio. En concreto, sus abogados, de Alerta Solidaria, consiguieron que declararan los agentes de la Guardia Civil que iniciaron su investigación por orden judicial y tampoco aclararon nada al acogerse en que la causa estaba secreta. "El derecho de acceso del investigado a las diligencias que lo afectan está reconocido en la ley de enjuiciamiento criminal española, y también por la normativa de referencia europea de derechos humanos, en relación con el derecho a un proceso justo", insisten desde el equipo de abogados de la izquierda independentistas, tal como recoge la resolución judicial.
El magistrado más "trilero" de la Audiencia Nacional
"El magistrado García Castellón conoce bien esta normativa, aunque solo sea porque lo han tenido que corregir hasta 15 veces, durante el último año y medio, por la misma actitud obstruccionista, en la causa contra los CDRs", afirma en el comunicado Alerta Solidaria. En el caso de Xavier Pellicer, la Audiencia Nacional hizo rectificar al juez el febrero pasado, y ahora por segunda vez. Sin embargo, Alerta precisa: "El mismo auto que nos reconoce el derecho de acceso lo limita a aquello que el juez instructor, el magistrado García Castellón, considere que es oportuno. Es decir, tendremos acceso a aquello que afecte a Xavier Pellicer, quizás dentro de unos meses, y siempre bajo el criterio del magistrado más trilero de la Audiencia Nacional."
Radicalización sin pruebas
De las investigaciones prospectivas permitidas por el juez García Castellón y que se han podido conocer, está la de monitorar el 2018 Pellicer, entonces portavoz de Alerta Solidaria; Joan Terán, militante de Endavant; y Josep Freixas, coordinador de Endavant en el Barcelonès. La Guardia Civil justificaba la intervención de sus móviles "por la radicalización" del movimiento independentista, pero, cinco años después, no han sido acusados de ninguna acción delictiva ni citados como investigados.