Justicia de dos velocidades. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que investiga si el presidente del Gobierno y ministros han sido espiados con el software Pegasus, ha acordado de dirigir un suplicatorio al Consejo de Ministros para que apruebe la desclasificación de los "asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos declarados secretos o reservados" relacionados con el software Pegasus, según ha informado este jueves al gabinete de prensa del Poder Judicial, el cual ha detallado que no se facilita la resolución.
Por el contrario, los cinco juzgados que tienen querellas de afectados por el CatalanGate no han ordenado ninguna medida importante, más que aceptarlas parcialmente y comprobar primero si han sido espiados. Es así en los casos de los querellados de Omnium y d'ERC. Nada se sabe de las querellas presentadas por la CUP y la ANC, como tampoco del Parlament. Solo una jueza de Barcelona, la titular del juzgado de instrucción 24, ha aceptado la querella dirigida contra el NSO Group, responsable del programa Pegasus, del cual se asegura que solo lo vende a estados. En este caso, la magistrada Maria Antonia Coscollola había citado a declarar como querellante al abogado Andreu Van den Eynde al haber sido espiado este mes, y se ha aplazado en septiembre.
Declaraciones de ministros afectados
Además, el titulado del juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional ha acordado de tomar declaración como testigos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la de Defensa, Margarita Robles, en la causa en la cual investiga la infección de los móviles de los dos, así como la del presidente Pedro Sánchez, y del titular de Agricultura, Luis Planas, con el software Pegasus, que es de la empresa israelí NSO.
Las investigaciones del CNI
Se indica que el juez Calama ha acordado estas diligencias a la vista del contenido de las declaraciones testificales de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban; de un funcionario de este organismo (que firmó los informes preliminares a las denuncias de la Abogacía del Estado), y del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
El CNI alertó de este ataque espía justamente pocas semanas después de que se hiciera pública la investigación Catalan Gate del grupo Citizen Lap, que certificaba que 65 políticos, abogados y personas del entorno independentista catalán habían sido espiados con Pegasus, desde el 2017 en el 2020. En la comisión del Congreso sobre secretos, el CNI certificó que había espiado a unas 18 personas del independentismo catalán con permiso judicial, entre ellas el presidente Pere Aragonès.
El magistrado Calama también acordó hace unos meses ir a Israel para tomar declaración como testigo al responsable de la empresa NSO. Nada se ha concretado hasta ahora. Ante estas iniciativas, el abogado Benet Salellas, en nombre de los querellantes de la CUP y de Òmnium, ha pedido a los respectivos jueces que llevan sus casos que se añadan a esta comisión rogatoria, o que al menos soliciten que se les facilite toda la información que realiza el juez Calama en el caso Pegasus.