El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha consultado a la Fiscalía si considera que la reforma penal que rebaja algunas penas del delito de malversación, que ha entrado en vigor este jueves, supondrá el archivo o la modificación de las penas solicitadas por los acusados del caso Púnica, como el exconsejero Francisco Granados, y por la causa conocida como el 'cartel del fuego'. En la misma línea que su juez de apoyo, Joaquín Gadea, en el marco de otro caso de corrupción, Acuamed, García Castellón ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre los efectos que puede ocasionar la rebaja en el delito de malversación puede tener por ambas causas.

Lo ha hecho a través de cuatro piezas del caso Púnica, una presunta red de corrupción principalmente establecida a la Comunidad de Madrid, en los cuales están implicados el exconsejero madrileño Francisco Granados como en principal investigado, y en el del 'cártel del fuego', por el cual está procesado el exconsejero de la Generalitat valenciana y exdelegado del Gobierno Serafín Castellano (PP) para favorecer presuntamente a un empresario en procesos de adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea. Anticorrupción pide para él 21 años de prisión.

Archivo de las causas

El magistrado consulta en la Fiscalía y en el resto de acusaciones si, en el marco de la reforma de la malversación, solicitan el archivo de las causas por algunos de los encausados en los casos, o si, en cambio, mantienen sus escritos de acusación. Aunque en los cinco procedimientos ya se ha dictado la apertura del juicio oral, el juez considera que "contribuyen circunstancias excepcionales que llevan a considerar la posibilidad de revisar la calificación" del Ministerio Público y de las acusaciones. El magistrado ha dado cinco días a la Fiscalía para pronunciarse en las piezas de Púnica.

Entre las piezas que el juez ha consultado no se encuentra la de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid, con que fue archivada para los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, dado que la Fiscalía todavía no ha presentado su escrito de acusación. En cambio, sí están la pieza 4, que hace referencia a las supuestas irregularidades en operaciones urbanísticas en el municipio madrileño de Valdemoro, del cual fue alcalde Francisco Granados- y la 5, sobre contratos menores de varios ayuntamientos. Así como la 8, sobre "hechos referentes a la etapa de Granados como consejero de la Comunidad de Madrid"- y la 10, sobre adjudicaciones en Denia, Valencia y otras localidades.

'El cártel de fuego'

En la causa nombrada el 'Cártel del Fuego', García-Castellón propuso juzgar a un total de 32 personas, a las cuales se encontraba el exconsejeror de la Generalitat valenciana y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano, como presuntos integrantes de una organización criminal que se habría concertado para alterar la adjudicación de contratos para la extinción de incendios. En el auto de paso procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 señalaba que los hechos podrían constituir delitos de soborno; organización criminal; alteración de precios en concursos o contratación pública; falsedad documental; malversación de caudales públicos; prevaricación; asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; y tráfico de influencias y exacciones ilegales.

En este caso, el procedimiento judicial se dirige contra empresarios de la navegación aérea, autoridades y funcionarios con respecto a los cuales "ha quedado bastante acreditado" en que, "con ánimo de lucro y mediante múltiples ardides y mecanismos, se han concertado para alterar los términos de la normal concurrencia en los procesos de contratación y adjudicación pública", corrompiendo así mediante "compensaciones económicas a múltiples funcionarios y autoridades".