Punto final. La Audiencia Nacional descarta reabrir la causa del Tsunami Democràtic como pedían Vox, la Asociación Dignidad y Justicia y Societat Civil Catalana y cierra definitivamente el caso. El juez Manuel García-Castellón se vio obligado a archivarlo el pasado mes de julio, después de que la misma Audiencia Nacional anulara su investigación desde el 29 de julio de 2021 porque certificó que se había prorrogado fuera de plazo. La causa se dirigía contra una decena de independentistas por un supuesto delito de terrorismo en las protestas en el Aeroport del Prat el 14 de octubre de 2019 como protesta contra la sentencia del juicio del procés. El magistrado, que se jubiló el pasado septiembre, fue uno de los jueces más combativos contra los líderes independentistas y uno de los que más intentó torpedear la ley de amnistía. Después de que García-Castellón tirara la toalla, el Tribunal Supremo, que investigaba a Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg por su condición de aforados, también tuvo que dar carpetazo a la causa. Posteriormente, en septiembre y en noviembre, el Alto Tribunal avaló la decisión. Y ahora es la Audiencia Nacional la que reitera que la causa se cerró correctamente y tira por los suelos los intentos de Vox, la Asociación Dignidad y Justicia y Societat Civil Catalana de revivir la causa para mantener la persecución contra el independentismo.

“Por más que se insista por las acusaciones particular y popular personadas en la causa en la existencia de indicios suficientes de la comisión por los investigados de hechos calificables como delito, es evidente que tales indicios se habrían obtenido sin intervención alguna de los investigados y sin la posibilidad de proponer diligencia alguna para desvirtuarlos”, esgrime el auto avanzado por El País y al que ha tenido acceso ElNacional.cat. Concretamente, la Sala de lo Penal responde a las acusaciones que la conclusión del caso es “firme” porque “se rebasó el periodo máximo legal para la instrucción”. El archivo de la causa del Tsunami Democràtic fue la que permitió a la entonces secretaria general de ERC, Marta Rovira, volver a Catalunya. Lo hizo el 12 de julio en Cantallops con el resto de los exiliados que estaban en Suiza: Ruben Wagensberg, Jesús Rodríguez, Oleguer Serra y Josep Campmajó.

“Los investigados no tuvieron oportunidad, antes del cierre de la instrucción, de defenderse efectivamente, lo que aboca ineludiblemente al sobreseimiento de las actuaciones acordado en los autos recurridos”, argumentan Félix Alfonso Guevara, Francisco Javier Viera y Jesús Eduardo Gutiérrez. Los tres magistrados desacreditan la actuación de Manuel García-Castellón y señalan que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el secreto del sumario se tiene que alzar “necesariamente con al menos diez días de antelación a la conclusión del sumario”. Sin embargo, en este caso el secreto se alzó en mayo de 2023, “mucho tiempo después” del 29 de julio de 2021, la fecha oficial fijada por la Sala de lo Penal para el “cierre del sumario”.