La Audiencia Nacional ha procesado al abogado del president Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y lo intenta involucrar en un caso de narcotráfico.

La jueza María Tardón, exconcejal del PP en Madrid, considera que el abogado cometió un presunto delito de blanqueo de capitales, procedentes de una organización criminal dedicada al narcotráfico y liderada por José Ramón Prado Burgaño, conocido por Sito Miñanco, de quien Boye era letrado. También lo procesa por falsificación documental.

Boye ha negado en varias ocasiones tener qualquier tipo de relación con este caso, y ha indicado que uno de los abogados que han sido procesados, Manuel Puente Saavedra, le incriminó "falsamente" en una declaración que permitió a éste salir en libertad el 2019.

El president en el exilio, Carles Puigdemont, ha salido en defensa de Boye, y ha atribuido la decisión de la Audiencia Nacional a la "lawfare", la guerra judicial. "Todo el mundo sabe perfectamente de qué va todo eso. Una vergüenza, consecuencia del hundimiento de un determinado sector de la cúpula judicial en el barro de la lawfare. De manual. Todo el apoyo, amigo Gonzalo Boye", ha indicado Puigdemont. "Gracias, president", ha respondido el abogado.

En el mismo sentido se ha expresado el president Quim Torra, que ha incluido al abogado entre los 2.851 represaliados que tiene Catalunya a raíz del procés independentista. "Cuándo digo que volvería a colgar la pancarta lo digo para añadir a los 2.851 represaliados que hay Catalunya, incluido el amigo Gonzalo Boye. Fuerza y adelante, querido Gonzalo", ha manifestado.

También el diputado de los comuns Jaume Asens ha defendido a Boye, y no ha dado credibilidad a la investigación judicial. "El acoso sistemático contra Boye es un ataque intolerable contra el ejercicio de la abogacía. Otro episodio de #ruidodetogas. Todo mi apoyo amigo", ha manifestado.

En un acta que se ha notificado este viernes, la magistrada acusa a Boye de haber recibido 10.000 euros por el presunto blanqueo de capitales. "Fue el encargado de intentar recuperar el dinero mediante la confección de unos contratos en los que se fingía la compraventa de unas letras de cambio", dice un informe policial del acta.

La magistrada procesa en el mismo caso también a otras 45 personas, entre ellas al mismo Burgaño, por presunta participación en dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga.