La Audiencia Nacional reanuda este lunes el juicio de la operación Mito, que incluye a Gonzalo Boye, a quien la Fiscalía Anticorrupción acusa de haber blanqueado dinero procedente del narcotráfico de José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y del cual con anterioridad había sido su abogado. Será la cuarta semana, con sesiones del lunes a jueves, de este macrojuicio, en el cual todavía no se ha escuchado ninguna prueba contra el abogado del president en el exilio Carles Puigdemont. Hasta ahora, han declarado una cuarentena de testigos, la mayoría agentes de la policía nacional, y todavía quedan para ser interrogados unos 110 más, aparte de las periciales, y finalmente la declaración de los 53 acusados (incluidas 5 empresas).

Por eso, la mayoría de las defensas ya prevé que el tribunal, presidido por Alfonso Guevara, tendrá que ampliar las sesiones del juicio, que, inicialmente, se había programado que finalizara la última semana de enero. Boye sostiene que implicarlo en este juicio por narcotráfico es "un montaje" para castigarlo por ser el abogado del president Puigdemont y de su entorno por haber impulsado el procés de independencia de Catalunya, tal como denunció en un documental.

Los policías ni citan al abogado

Por ahora, el nombre de Gonzalo Boye no ha aparecido en los interrogatorios de los agentes de la policía española, durante las tres primeras semanas de juicio (una en noviembre y dos en diciembre). La cuarentena de policías que han declarado ante el tribunal se han centrado en explicar los seguimientos a Sito Miñanco y algunos de sus colaboradores en distintas ciudades de Galicia, Andalucía y en Madrid, así como interpretar lo que escuchaban a través de los micrófonos que pusieron escondidos en algunos de los coches que usaban. Y las detenciones, una de ellas con tiros, que causó heridas a dos agentes, que reclaman.

En las nuevas sesiones, Boye se volverá a sentar en el espacio reservado a los abogados, al lado de su defensor -el penalista Eduardo García Peña-, tal como permite la ley.  El presidente del tribunal le invitó a hacerlo en la segunda sesión del juicio, al saber que estaba sentado entre los 53 acusados, entre personas y sociedades. El abogado de Puigdemont es el 41.

"Sin indicios de blanqueo"

Todo y no parecer un juicio contra Boye, la sesión del 18 de diciembre pasado fue clave: dos agentes de la policía española y una funcionaria de aduanas declararon que el dinero escondido en mochilas que encontraron a cinco personas en el aeropuerto de Barajas, el 6 de febrero de 2017, era de Manuel Pedro González Rubio. Así se lo dijo Rubio: los 889.620 euros decomisados eran para invertir en un negocio en Colombia. Los cuatro familiares que lo acompañaban, que también están acusados en este procedimiento, afirmaron lo mismo.

El despacho profesional de Boye les ayudó a legalizar este dinero por la vía administrativa, tal como hicieron. Sin embargo, la tesis de la Fiscalía Anticorrupción es que el dinero era de Miñanco y ganancias del narcotráfico.

En aquella sesión, una secretaria del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPLAC) declaró que encontró ciertas irregularidades en la documentación aportada por el despacho de Boye para demostrar la procedencia del dinero, pero que nunca vio al abogado en persona traer-la. La funcionaria también admitió que no alertó a la Fiscalía sobre estas irregularidades, acción que la ley obliga a hacer-lo si se sospecha de blanqueo.

La defensa de Boye insiste en que "ni el SEPBLAC, ni la Abogacía del Estado, ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid vieron indicios de blanqueo en el dinero localizado en Barajas". Por el contrario, aseguran que el fiscal Ignacio de Lucas incluyó este hecho para castigar a Boye por defender independentistas catalanes. La Fiscalía pide para Boye 9 años y 9 meses por los delitos de blanqueo de capitales y falsificación documental.

Testigos y periciales, clave

La defensa de Boye ha aportado una decena de testigos para su defensa, que incluye a Isabel Elbal (testigo 130), su mujer, abogada de profesión y que trabajan en el mismo despacho. Las periciales también serán primordiales.

Antes, la defensa de Boye citará a declarar al abogado Jesús a Miguel Prieto (testigo 114), al cual Boye grabó al encontrárselo en el juzgado y cuando este le hizo una confesión: su anterior cliente Manuel Puentes Saavedra, recibió la visita de agentes de la policía española en la prisión, y poco después cambió su declaración para incriminar a Boye en este procedimiento. Pocos días después, Puentes Saavedra quedó en libertad, a pesar de ser acusado de un crimen a Colombia. La Audiencia Nacional ha admitido este audio como prueba y que evidencia un motivo espurio contra el abogado de Puigdemont.

Con el juicio en marcha, también se dio a conocer que el Ministerio del Interior otorgó la residencia a Puentes Saavedra el 2017 a pesar de estar investigado por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo.

Después de los testigos, será el turno de las 15 periciales aprobadas, en las cuales Boye aporta una sobre la geolocalización de su móvil y de otros acusados para desmontar una reunión que asegura que tuvieron en su despacho la Fiscalía.