El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha desestimado la petición del Govern de Catalunya de personarse como acusación popular en el caso Pegasus. En un escrito, el magistrado alega su negativa al Govern al considerar que "no existe habilitación legislativa para que las personas jurídicas públicas, como el caso de la Generalitat, puedan ejercer de acusación popular". El auto del juez alega que "el sistema general de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite inferir que las entidades públicas puedan ejercer como acusación popular".
De la misma manera, el magistrado Calama descarta que esta legitimación se pueda sustentar en la normativa autonómica que invoca la Generalitat en su petición y que, por lo tanto, la acción pública para su ejercicio en el procedimiento penal corresponde en exclusiva al Ministerio Público. Contra esta resolución la Generalitat puede interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días y en apelación delante de la Sala de lo Penal en cinco días.
El Gobierno exige responsabilidades
El pasado 3 de mayo la Generalitat anunció que se personaría como acusación popular en todos los procedimientos judiciales del CatalanGate. Así lo aprobó el Govern durante el Consejo Ejecutivo de aquel martes. La Generalitat autorizó la comparecencia de los abogados para emprender las acciones legales "oportunas" en todos los procedimientos que se sigan delante de la Fiscalía y tribunales relacionados con el posible espionaje e intromisión en la privacidad, por medios tecnológicos, de líderes políticos, sociales, profesionales y otros miembros de la sociedad. La portavoz, Patrícia Plaja, explicó que el Govern quiere que las personas responsables de los hechos asuman "las responsabilidades que les correspondan", y criticó que la Moncloa todavía no diera ninguna "explicación".
Plaja concretó que Presidència ya había contactado con personas afectadas por el espionaje, y que el Govern denunciaría "por todas las vías e instancias competentes" la "vulneración de derechos humanos. En este sentido, el ejecutivo contemplaba dos vías "complementarias y en ninguno caso excluyentes": las querellas que presenten los afectados, y la presentación de la Generalitat como acusación popular en todas las acciones en todos los procedimientos. Esta última opción les ha sido denegada este miércoles por la mañana.
Según el Govern, el Estatuto establece que los poderes públicos de Catalunya tienen que promover el pleno ejercicio de las libertades y los derechos de la ciudadanía y también tienen que promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos sean reales y efectivas; y que tienen que promover, entre otros valores, el de la libertad, la democracia, la igualdad, el pluralismo, la paz, y la justicia. Los poderes públicos también tienen que fomentar que las tecnologías de la información se pongan al servicio de las personas y no afecten negativamente a sus derechos.
Al amparo de este mandato estatutario y al margen de las diferentes querellas que las personas afectadas presenten, la Generalitat decidió personarse como acusación popular en todos los procedimientos que se sigan en relación con el CatalanGate. La intención del Govern con esta decisión era que todas las personas responsables de estos hechos asuman las responsabilidades que les correspondan, así como proteger los servidores públicos y defender todos los derechos que les son propios.