Lucha judicial abierta. La Audiencia Nacional ha rechazado la primera querella contra la dirección de la Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) presentada por cinco empresarios catalanes del ámbito tecnológico por haberles espiado con los software espía Pegasus y Candiru. El tribunal sostiene que los delitos denunciados no son de su competencia y los invita a presentar la querella en juzgados ordinarios, donde viven. No obstante, los cinco querellantes, unidos en la asociación Sentinel Alliance, ya han presentado un recurso ante la gravedad de los hechos y porque hay "instituciones del Estado involucradas" para que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional haga rectificado al titular del juzgado central de instrucción 5, donde recayó la querella, y la admita a trámite, según el recurso al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, este miércoles. La Audiencia Nacional comparte con la Fiscalía que los delitos informáticos se tienen que investigar en el domicilio del afectado, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Con todo, admite que la querella se tiene que investigar de forma conjunta.
Los querellados son: Joan Arús, Jordi Baylina, Pau Escrich, Joan Matalama (en la foto principal) y Xavier Vives, vinculados al independentismo catalán y al desarrollo de herramientas de votación telemática, que descubrieron que fueron espiados por la investigación de CatalanGate de Citizen Lab. Además, tienen pruebas que fueron monotorizados, a través de sus móviles y ordenadores, por la Guardia Civil, bajo las órdenes del magistrado de la Audiencia Nacional del caso de Tsunami Democràtic, que al final se vio obligadas a archivar porque no hizo correctamente la prórroga de la investigación. Nunca fueron imputados de nada.
La Audiencia Nacional, más preparada
La querella se dirige contra Paz Esteban López, exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); los exdirectores generales de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón Vilas y María Gámez Gámez; así como contra directivos de NSO Group Technologies Ltd, fabricante de Pegasus; y Saito Tech Ltd, fabricante de Candiru. Se les acusa de delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos, acceso no consentido a datos personales y comisión de estos delitos como un grupo criminal.
En el recurso, los abogados de los querellantes, Xavier Muñoz y Alejandro Gámez, afirman que la Audiencia Nacional es el tribunal que cumple mejor el principio de eficacia para investigar este espionaje. Además, añaden que el espionaje ha traspasado el territorio nacional porque Baylina -detallan- recibió la infección cuando estaba en Suiza -donde vive- y Bélgica. Las competencias de la Audiencia Nacional son sobre delitos graves y cuando afectan a más de una comunidad autónoma o una parte sucede en el extranjero, como en el caso del blanqueo de capitales.
"Nos encontramos ante una investigación extremadamente compleja visto el propio delito investigado (el uso de un software espía creado específicamente para no ser detectado), en el fuerte componente internacional, a las altas instituciones del Estado involucradas y a la ocultación bajo la Ley de Secretos Oficiales de la mayor parte de las actuaciones públicas que pedimos investigar", afirman los dos penalistas y añaden: "Ante este alambicado panorama, la Audiencia Nacional es el órgano judicial mejor preparado para encarar estos obstáculos, atendiendo su mayor especialización jurídica, su mayor experiencia profesional y sus mayores medios humanos, organizativos y tecnológicos."