Revés del Partido Popular en los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha decidido inadmitir la querella que el PP presentó hace una semana contra el PSOE acusándolo de financiación ilegal. El juez Santiago Pedraz sigue así el posicionamiento de la Fiscalía Anticorrupción, que era partidaria de descartar la querella. Justo esta mañana, el portavoz del PP, Borja Sémper, defendía en una entrevista en Antena 3 que los populares tenían un testimonio “lo bastante grave y relevante” para pedir a la justicia que lo investigue. Se trata de un socio de Víctor de Aldama (el conseguidor de la trama Koldo y actualmente en la prisión por el caso de los hidrocarburos), que aseguró a The Objective que en octubre de 2020 llevó a la sede del PSOE en la calle Ferraz dos bolsas con 90.000 euros. “Nosotros damos mucha credibilidad a la investigación periodística, lo que hoy son sospechas se acabarán convirtiendo en evidencias”, esgrimió hace unos días después de registrar la querella. Pero la Audiencia Nacional ha cerrado la puerta a iniciar una investigación a partir de este testimonio anónimo. “Del que se ha actuado hasta la fecha en esta causa, no aparece ninguna vinculación con lo que se ha denunciado”, sostiene el auto, que también señala que hay “contradicciones de los denunciantes anónimos”.
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La Audiencia Nacional argumenta que, para admitir una querella, hay que analizar “si los datos ofrecidos de forma anónima en la información periodística que se invoca tienen la virtualidad suficiente para empezar las actuaciones que se recogen en la querella presentada”. Santiago Pedraz recuerda que la jurisprudencia del Supremo fija que una denuncia anónima tiene “plena validez para iniciar una investigación” siempre que las informaciones vengan “avaladas por datos corroboradores” o ellas mismas funcionen como “elemento confirmador de otros, sin necesidad de revelar la identidad del informador”. Por lo tanto, el magistrado señala que las informaciones “se tienen que sustentar en algún dato, hecho o circunstancia de conocimiento que sirva para delimitar” un posible delito y su atribución a la persona querellada.
En este punto, el juez vuelve a citar antiguas sentencias del Supremo que establecen que, con carácter general, “una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal”, sino que “se precisa algo más”. En diferentes sentencias, el Supremo ha concluido que la acción popular “no puede degradar el papel relevante que está llamado a ejercer en el proceso penal limitándose a convertir noticias en causas criminales”. Y ahora, Santiago Pedraz considera que, de la lectura de la querella del PP, “ese «algo más» no se da”.
La querella inadmitida también iba dirigida contra Víctor de Aldama, contra Claudio Rivas (su socio) y contra Koldo García (exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes) por supuestos delitos de blanqueo, soborno, tráfico de influencias y financiación ilegal. Además, en el mismo auto, el juez admite la personación como acusaciones populares del mismo PP, de Manos Limpias, de Hazte Oír y de Vox.
“Lo que importa es cómo acaba este caso, no como empieza”
Pocos minutos después de conocerse la decisión de la Audiencia Nacional, fuentes del PP expresan su “respeto” a la decisión del juez frente a los partidos que “insultan, persiguen y amedrentan a aquellos jueces que no les dan la razón”. Desde Génova, insisten que su “obligación” era “denunciar los hechos conocidos sobre los que no había investigación judicial alguna” y subrayan que “lo que importa es cómo acaba este caso, no como empieza”. Las mismas voces señalan que el juez afirma que “actuaría en consecuencia” si aparecen nuevas pruebas que tener en cuenta durante la instrucción de la causa.
Por su lado, Félix Bolaños ha lanzado al PP que sus “mentiras contra el PSOE tienen las patas muy cortas”, dado que “han durado unos días en los tribunales”, y ha reprobado que el rechazo de la querella demuestra que la “estrategia de fango, bulos y querellas no lleva a ninguna parte”. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha celebrado que la Audiencia Nacional aplique el criterio del Supremo y establezca que “unos recortes de periódicos sin ningún otro elemento adicional no pueden dar lugar a un procedimiento judicial”.
El PP defendía que la información es “tan grave” que era “razonable” que la justicia lo investigara
El principal argumento del PP para justificar la querella eran las declaraciones de un testimonio anónimo a un medio de comunicación: un socio de Víctor de Aldama que aseguró a The Objective que llevó dos bolsas con 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz, un extremo que no consta al informe de la UCO que trascendió hace dos semanas. Serían el primer pago que la trama de los hidrocarburos habría abonado presuntamente a los colaboradores directos de José Luis Ábalos para la concesión de una licencia de operadora de carburantes que les permitiera vender combustible en España. Concretamente, el empresario Claudio Rivas, vinculado a la compañía comercializadora de combustible Villafuel, habría utilizado Víctor de Aldama para conseguir del Gobierno una licencia para Villafuel como operadora de hidrocarburos y, a cambio, De Aldama habría pedido 600.000 euros y se habrían llevado a Ferraz 90.000 euros (45.000 euros en dos ocasiones).
Después de registrar la querella, Borja Sémper sostuvo que esta información es de “tal envergadura y tan grave” que los populares consideraron que es “razonable que sea investigada por la justicia”. El portavoz del PP justificó la necesidad de abrir una pieza separada porque la “singularidad que evoca la financiación irregular de un partido requiere una investigación específica”. “Eso solo se irá engordando, tendremos cada vez más información que se desprenda de los sumarios y de la investigación de la Guardia Civil y habrá más implicados que irán hablando”, concluyó.
El juez mantiene a Víctor de Aldama en la prisión sin fianza
En otra resolución, Santiago Pedraz ha decidido mantener en la prisión sin fianza al empresario Víctor de Aldama para evitar que pueda obstruir la acción de la justicia. El juez ha rechazado el recurso de reforma que había presentado el empresario y recuerda que se han acordado múltiples diligencias que todavía están pendientes y que todavía se tiene que analizar todo lo que han encontrado en los registros. Asimismo, señala que una parte importante de lo que se defraudó, casi 74 millones de euros, podría haber sido transferido a cuentas en el extranjero, por lo que hay que proceder a su localización y bloqueo y hay que determinar las operaciones de blanqueo que se habrían ejecutado. El magistrado considera que todas estas medidas se verían “frustradas o, al menos, dificultados” si Víctor de Aldama estuviera en libertad.