Víctimas de espionaje con el software Pegasus y Candiru han registrado este lunes, ante la Audiencia Nacional, una querella criminal contra ex altos cargos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Civil y los fabricantes del software espía, la sociedad NSO Group. Es la primera iniciativa de Sentinel Alliance, una organización internacional, con sede en Suiza, fundada por víctimas de software espía con el objetivo de combatir el espionaje ilegal contra miembros de la sociedad civil. La querella aporta como pruebas todo el espionaje descubierto por el grupo canadiense Citizen Lab y recogido la investigación CatalanGate, con unas 65 personas del entorno independentista infectados, y presentada el 2022. El Parlamento Europeo ha exigido al Estado español que repare a las víctimas por este espionaje ilegal.
Así la querella se dirige contra Paz Esteban López, exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); los exdirectores generales de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón Vilas y María Gámez Gámez; así como contra directivos de NSO Group Technologies Ltd, fabricante de Pegasus; y Saito Tech Ltd, fabricante de Candiru. Se les acusa de delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos, acceso no consentido a datos personales y comisión de estos delitos como un grupo criminal.
Cinco afectados
Los abogados Xavier Muñoz y Alejandro Gámez han presentado la querella en nombre de Joan Arús, Jordi Baylina, Pau Escrich, Joan Matalama y Xavier Vives, vinculados al independentismo catalán, y a desarrollo de herramientas de votación telemática, que descubrieron que fueron espiados con Pegasus. La iniciativa se presentó recientemente a la sociedad civil catalana para sumar apoyos. Ahora, el decanato de la Audiencia Nacional tendrá que repartir la querella y al juez instructor que le toque, decidir si la admite o no a trámite.
Condena histórica
Precisamente, esta semana se ha conocido una condena historia a la empresa israelí, propietaria de Pegasus. Un juez de los Estados Unidos ha condenado NSO por haber permitido que un cliente suyo instalase Pegasus en más de un millar de ciudadanos, a través de un defecto que tenía WhatsApp, la propietaria de la cual, Meta, denunció a NSO. Así, Por primera vez se hace responsable a la sociedad del uso que hacen de sus programas los compradores, de los cuales NSO admitió que son estados. En la resolución de los EE. UU., el juez da la razón a la empresa de mensajería, que es la denunciante, pero no analiza la vulneración de derechos al millar de personas espiadas, la mayoría de los cuales son periodistas, políticos y disidentes. Ahora, se tendría que hacer otro procedimiento con las reclamaciones de los ciudadanos afectados.
El espionaje a través de WhatsApp también fue usado contra el independentismo catalán, según destapó el grupo canadiense Citizen Lab, que detectó al menos 65 personas afectadas, y con sus móviles u ordenadores infectados entre los años 2015 al 2021.
Reclamo de desclasificación de secretos
Además de la declaración como investigados de los exjefes del CNI y la Guardia Civil, en la querella se pide al magistrado que solicite al Consejo de Ministros la desclasificación de toda la documentación sobre el uso de Pegasus y Candiru contra los querellantes, incluyendo expedientes, costes y autorizaciones. También se reclama que Paz Esteban López, Félix Vicente Azón Vilas y María Gámez puedan declarar sin estar sometidos a la Ley de Secretos Oficiales.
Además, se pide al juez que le toque la querella que dicte órdenes de investigación en Luxemburgo y comisiones rogatorias a Israel para obtener información y testigos de NSO Group, Saito Tech Ltd y sus filiales, con el objetivo de determinar la implicación de Estado español y estas empresas en el espionaje.
Aragonès, espiado sin cobertura legal
Actualmente, una decena de jueces de Barcelona y una de Madrid investigan distintas querellas presentadas por afectados del espionaje descubierto por el laboratorio canadiense Citizen Lab, recogido en GatalanGate. Los Mossos de Esquadra han certificado esta intrusión en cargos de ERC, la CUP y la Asamblea Nacional Catalana.
Un caso importante es que la policía catalana ha confirmado que el president Pere Aragonès fue espiado el 2018, cuando el CNI no tendría el permiso del Tribunal Supremo para hacerlo, según los datos aportados. El titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, que investiga el espionaje de Aragonés, es el único que por ahora ha imputado a la exdirectora de CNI Paz Esteban, la cual no reveló nada al juez al asegurar que no se le había permitido, ya que continúa sometida a la ley de secretos oficiales.