Suspendida. La Audiencia Nacional ha suspendido la vista, que había fijado para este Lunes de Pascua, para que las defensas de los 12 CDR de la operación Judas procesados por terrorismo expusieran la vulneración de derechos denunciada antes de la celebración del juicio. ¿El motivo? El abogado de Alexis Codina, uno de los encausados, está de baja y el tribunal se ha dado cuenta cuando los abogados de Alerta Solidaria han terminado de detallar los motivos de las irregularidades que denuncian que ha cometido el juez instructor, Manuel García Castellón. Esta suspensión no es negativa: los 12 CDR encausados vuelven a ganar tiempo porque en la próxima vista que fije la sala de lo penal de la Audiencia Nacional puede haber entrado en vigor la ley de amnistía, uno de los motivos -además de la vulneración de derechos- por el cual Alerta Solidaria ha pedido la suspensión del juicio. En Madrid, Eva Pous, una de las abogadas de Alerta Solidaria, ha destacado las irregularidades de esta causa, que se considera una persecución al independentismo catalán. El tribunal no ha fijado nueva fecha de la vista, a la cual quiere dar voz a todas las partes personadas, mientras la Fiscalía y el resto de acusaciones quería continuar la vista de este lunes.
La ley de amnistía de los hechos del Procés, aprobada en el Congreso de los Diputados, está ya en el Senado. El PP, que tiene mayoría en la cámara alta, ya ha maniobrado para que esta norma del olvido sobre los hechos relacionados con la independencia de Catalunya se detenga lo máximo posible. Con todo, se espera que la ley vuelva al Congreso para su aprobación definitiva a finales de mayo o principio de junio. Entonces, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional tendrá que analizar y valorar si aplica la amnistía a los 12 vecinos imputados por terrorismo, o paraliza su aplicación con una consulta en el Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como se espera que hará el Tribunal Supremo, con la investigación al president en el exilio Carles Puigdemont.
Dos encausados en Madrid
A la vista, denominada de previo pronunciamiento, han asistido dos de los 12 encausados, además de sus abogados. Uno de ellos es Eduard Garzón, vecino de Cerdanyola del Vallès, a quien la Fiscalía pide 27 años de prisión y la acusación popular 33 años por los delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparato explosivos e inflamables, y de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. Esta misma pena es la que las acusaciones piden para otros 7 encausados y relacionados con CDR del país.
A Madrid también ha ido Txevi Buigas, a quien las acusaciones piden 8 años de prisión, como otros tres vecinos más por el delito de pertenencia a organización terrorista.
Escritos de defensa pendientes
A la vista, Eva Pous y otros abogados han insistido que se ha vulnerado a los procesados el derecho al juez predeterminado por la ley porque consideran que la Audiencia Nacional no es la competente para esta investigación, y que el juez García-Castellón ha hecho una causa general, abriendo piezas separadas contra el independentismo y escondiéndolo a las defensas, tal como denuncian los letrados de Tsunami Democrátic.
La Audiencia Nacional aceptó la petición de Alerta Solidaria para hacer una vista y que expusiera estas irregularidades. Esto provocó que se parara el plazo que tenían los abogados para presentar los escritos de defensa. Con la actual suspensión ganan más tiempo y el juicio de la Operación Judas podría ni tener que celebrarse con la entrada en vigor de la ley de amnistía.