Tirón de orejas al juez Santiago Pedraz y a la fiscalía Anticorrupción. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha dado la razón a Jordi y Josep Pujol Ferrusola y a Francesc Robert Ribes y ha denegado las nuevas comisiones rogatorias a Andorra y a Dinamarca, aprobadas por el juez instructor en enero pasado, aunque la investigación de la causa contra la familia Pujol Ferrusola  está acabada. La defensa de la familia Pujol, ejercida por el penalista Cristóbal Martell, afirmaba que esta medida "no tiene cobertura legal", ya que la instrucción de la causa contra la familia Pujol Ferrusola se cerró hace tiempo; ya se han presentado los escritos de acusación y defensa, y la causa es ahora en manos del tribunal que los juzgará, no del juez instructor. Además, sostenía  que con esta medida "se vulnera el derecho de defensa" del presidente Pujol y sus siete hijos. Ahora, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional comparte el razonamiento de la defensa y sostiene que el juez Pedraz "es incompetente para seguir la investigación", ya que él mismo la cerró en dos resoluciones del verano del 2020 y de junio de 2021. También riñe a la fiscalía y le recuerda que en este momento procesal "no tiene legitimación para instar" a hacer nuevas pruebas, aunque puede pedir incorporar documentación nueva al tribunal que juzgará a la familia Pujol Ferrusola.

Inicialmente, en la resolución, del 31 de enero pasado, el titular del juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional atendía la demanda de la fiscal Belen Suárez y ordenaba volver a pedir a las entidades financieras con sede en Andorra, Andbank, Crédito Andorrano, Banco de Sabadell de Andorra y Banca Privada de Andorra, información sobre las cuentas abiertas en las cuales figure como titular o apoderado Francesc Robert Ribes, el exdirector de la televisión andorrana, que la fiscalía vincula con el primogénito del presidente de la Generalitat. Ahora, la sala de apelaciones, presidía por el magistrado Alfonso Guevara, que también hace de ponente de la resolución, lo revoca todo, como pedía la defensa de la familia Pujol. Guevara recuerda que esta causa ya se dictó resolución de abertura de juicio oral el 15 de junio pasado, y añade que las acusaciones presentaron sus escritos y antes "no usaron esta última prerrogativa" de poder pedir más información. Y afirma: "Ocurre absolutamente extemporáneo que el juez de instrucción, sin competencias en la llamada fase intermedia y hecha ya la calificación de las acusaciones, acuerde reiterar dos comisiones negativas entregadas a las autoridades de Andorra, y una a emitida a las autoridades danesas." Y revoca la resolución de Pedraz con las nuevas comisiones.

 

Acusaciones

En el escrito de acusación, la fiscalía pide para el expresidente Pujol nueve años de prisión por los delitos de asociación ilícita y de blanqueo de capitales. Sostiene que por su cargo de presidente de la Generalitat de 1980 al 2003, así como al frente de Convergència, "tejió una red de clientelismo" con empresas afines, que pagaban a cambio de adjudicaciones. Las penas solicitadas para los hijos van de los 8 a los 29 años de prisión. Y mientras que Podemos le reclamaba 20 años de prisión para Pujol, la Abogacía del Estado se avino a la tesis de las defensas y descartó acusarlo, como la mayoría de sus hijos. La defensa de la familia niega las acusaciones de corrupción familiar, al asegurar que no hay ninguna prueba, según Martell. El juicio contra la familia Pujol Ferrusola todavía no tiene fecha de celebración, en la Audiencia Nacional, en Madrid.