El audio con el que Boye culpa al fiscal de comprar a un testigo para acusarlo a él de blanqueo

Una defensa de ataque. El abogado Gonzalo Boye ha presentado ante la Audiencia Nacional un audio como una de las pruebas principales para desmontar la acusación de la Fiscalía, que afirma que participó activamente en un entramado para blanquear dinero procedente del narcotráfico. En este caso, conocido como operación Mito, se ha investigado la supuesta introducción de cerca de cuatro toneladas de cocaína en el Estado español, además de la existencia de una red para ocultar sus beneficios, liderada por José Ramón Prado Bugallo, conocido por Sito Miñanco. El tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, ha aceptado este audio en el juicio contra Miñanco, Boye y 51 personas más, que se celebrará a partir del 18 de noviembre hasta el 30 de enero próximo en Madrid. El audio fue grabado por Boye cuando hablaba con el abogado Jesús Miguel Prieto, quien le admitió que Manuel Puentes Saavedra, al que defendía, fue visitado por agentes de la policía española en la cárcel, y poco después cambió su declaración para incriminar al abogado de Carles Puigdemont en este procedimiento. Pocos días después, Puentes Saavedra quedó en libertad, a pesar de estar acusado de un crimen en Colombia.

Una parte de este audio se reproduce en el documental Gonzalo Boye. El enemigo público, que se presentó en la Filmoteca de Catalunya y que se podrá ver en Filmin, a partir del 4 de octubre. En el documental, Boye no duda en responsabilizar al fiscal Ignacio de Lucas del acuerdo policial que condujo al cambio de la declaración de Puentes Saavedra. Argumenta que un pacto de este tipo no está al alcance de una decisión de la policía. Preguntada por este diario, una portavoz de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha declinado responder a estas graves acusaciones.

Elevadas penas de prisión

De Lucas, que ha ascendido de la Fiscalía Antidroga a la Fiscalía Europea, pide para Miñanco 31 años y 6 meses de prisión al considerarlo el jefe de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas; para Boye solicita 9 años y 9 meses de cárcel por el delito de blanqueo de capitales en concurso con el de falsedad documental, y para Puentes Saavedra, (alías el Gordo o Salvador), 10 años de prisión por supuestamente haber ocultado beneficios ilícitos de Miñanco a través de su empresa Complitun Seguridad Internacional, que compartía con Manuel Pedro Gónzales Rubio, también acusado y a quien el fiscal pide 24 años de prisión por dos tentativas de homicidio, aparte de otros delitos.

La conversación delatora

ElNacional.cat ha tenido acceso a toda la grabación del audio, que Boye, de forma espontánea, graba con su móvil cuando se encuentra en los pasillos de los juzgados con Prieto, el 4 de enero de 2023. El abogado le reconoce que Puentes Saavedra habría llegado a un acuerdo con la policía. Precisamente, el acusado incriminó a Boye en una declaración de 24 de julio de 2019, y quedó en libertad el 5 de agosto, con el informe favorable del ministerio fiscal. Cuando se preguntó a Puentes Saavedra si agentes de la policía española lo habían ido a ver en la cárcel para que cambiara su versión a cambio de la libertad, se acogió a su derecho a no declarar. Por lo tanto, es una declaración espuria que se tendría que eliminar como prueba, sostiene la defensa de Boye, que encabeza el abogado Eduardo Ezequiel García Peña. Se insiste en que la grabación es legal porque Boye participa en ella y lo hace en condición de procesado, no de abogado, que tiene que mantener el secreto profesional de las causas que lleva. 

Además, después de la nueva declaración inculpatoria, el 21 de octubre de 2019 la policía entró en el despacho y en el domicilio de Boye, y se llevaron y copiaron los datos que tenía en el móvil profesional y en el ordenador desde antes de 2010 hasta el octubre de 2019, a pesar de que la investigación se inició en febrero de 2016. La defensa de Boye sostiene que es "una causa general" contra él y que no se protegieron los casos que llevaba como abogado, como por ejemplo la defensa del president Puigdemont. Incluso, se denuncia que se utilizaron las líneas de defensa que tenía Boye, como por ejemplo las contradicciones del acusado comprado en este procedimiento para usarlas en su contra.

El sonido de fondo de la grabación demuestra que la conversación se produce en el pasillo de una sede judicial.

Boye: O sea. A ver, a él la policía le ofrece hacer un trato...
Prieto: Sí, sí, claro. Fueron un montón. Es decir, está muy bien [que hayas] pedido las visitas que se han hecho a la... es que él, cuando lo llevaba yo, estaban yendo allá a verlo.
Boye: Los de la UDEF.
Prieto: No sé quién, pero de la policía ... Lo estaban yendo a ver en Segovia. Y allá fue cuando cambió la declaración. Y después salió, en el jefe de dos semanas.
Boye: Fueron semanas o cuatro días...
Prieto: O a los cuatro días, o a los cuatro días. O a los cuatro días.
Boye: El que no sé es el que le ofrecieron.
Prieto: Según me dijo a mí él, salir en libertad.
Boye: ¿Y aquello de Colombia?
Prieto: Por el que yo sé, aquello de Colombia estaba allá... yo que sé el que ha pasado en Colombia.
Boye: Aquello del muerto.
Prieto: Sí, aquello del muerto, sí, sí sé lo que ha pasado, aquello del muerto, pero no sé si hay procedimiento allá o no hay procedimiento.
Boye: Hay un procedimiento, pero aquí no informan de nada de allá.
Prieto: Yo, a él, le acabé de hacer una cosa que tenía a la Audiencia Provincial, pero en el ínterin aquel, en aquella época el tema... además yo le pregunté, dije, ojo, digo hombre que esto es pan por hoy y hambre para mañana, ya veremos... según lo que yo sé que le habían ofrecido salir en libertad, le habían ofrecido la libertad, porque ha dicho que se lo habían ofrecido a él, dice me pedirán la libertad, y después el resto salió más tarde...

La prueba de los geolocalizadores

Una segunda prueba exculpatoria, aportada por Boye, es una pericial de geolocalizadores de los móviles de los acusados para poner en duda una reunión entre ellos. En concreto, Manuel Puentes Saavedra y Manuel Pedro González Rubio aseguraron que junto con Sito Miñanco participaron en una reunión en el despacho de abogados de Boye, en Madrid, en febrero de 2017, para hablar de la recuperación de unos 889.620 euros intervenidos en el aeropuerto de Barajas, utilizando contratos ficticios. No obstante, Boye asegura que esta reunión no se produjo nunca y lo demuestra con los metadatos de los dispositivos móviles y la geolocalización de determinados acusados.

Según estos datos, en el momento en el que supuestamente se estaba celebrando la reunión en el despacho de Boye en Madrid, Sito Miñanco estaba en Algeciras y González Rubio estaba en Colombia. Con respecto a Fuentes Saavedra, sí estaba en la capital española, pero solo estuvo unos minutos en el área que cubre la antena de telefonía (BTS) que corresponde al despacho profesional del abogado, y no coincidió con Boye el tiempo mínimo que habría sido necesario para celebrar una reunión. Así lo detalla la pericial encargada por la defensa.

En el documental, Boye sostiene que lo han perseguido porque defiende al president Puigdemont y la causa independentista catalana. Indica que el tema del dinero es una cuestión que se resolvió en el ámbito contencioso-administrativo, pero que desde la Fiscalía se le implicó y persiguió cuando en abril de 2018 las autoridades judiciales de Alemania dejaron en libertad al president en el exilio. El juez Pablo Llarena rechazó la entrega de Puigdemont solo por el delito de malversación de fondos, como aprobaron los tribunales alemanes, que, al final, lo dejaron en libertad. Quería tener a Puigdemont por el delito de rebelión, tal como procesó a los miembros del Govern que en 2017 no fueron al exilio. Seis años después de la detención de Alemania, el juez Llarena mantiene la orden de detención en el Estado español de Puigdemont, a quien no quiere aplicar la ley de amnistía, pero no activa nuevas euroórdenes de detención, aunque el actual diputado de Junts ya no tiene la inmunidad de europarlamentario.

Rebaja de penas a acusados

Gonzalo Boye insiste en que los hechos de los que se le acusa ya se juzgaron en un procedimiento contencioso-administrativo abierto a raíz del decomiso de dinero que llevaban diversos investigados en sus maletas en el aeropuerto de Barajas. El fiscal acusa a Boye de aportar a este procedimiento administrativo contratos de compraventa elaborados expresamente con la finalidad de acreditar el origen del dinero intervenido.

En una reciente entrevista en ElNacional.cat, Boye manifiesta que ahora ha sabido que los nuevos fiscales del caso están ofreciendo una rebaja de la condena a varios procesados para que no entren en la cárcel, a cambio de que mantengan la incriminación del abogado de Puigdemont.