Una auditoría externa sobre el estado financiero de CDC en el ejercicio de 2013, encargada entonces por el propio partido, detectó diversas irregularidades en la gestión que la formación convergente llevaba a cabo de los donativos que recibía.

Este informe de la asesoría Busquet, al que ha tenido acceso Europa Press -y que forma parte del sumario del 'caso 3%'-, recuerda que la Ley de Financiación de Partidos Políticos establece que para los ingresos superiores a los 300 euros es obligatorio identificar a quien hace una aportación a una formación política.

Sin embargo, CDC recaudaba estos ingresos a través de talonarios de 50 a 250 euros "y no identifica al donante, de manera que no es posible asegurar que la misma persona no haya comprado diversos tiques por importe superior a los 300 euros, lo que implicaría un incumplimiento de la ley por tratarse de donativos anónimos".

La auditoría -con fecha de 12 de junio de 2014- detallaba que durante el ejercicio de 2013 se incrementaron "de forma significativa estos ingresos", pasando de 292.145 a 358.785 euros, concentrados en el último trimestre del año.

El informe también revela que el partido recibió en 2013 dos ingresos de los grupos municipales del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès (Barcelona) de 26.794 y 19.080 euros "que no han sido declarados como un donativo y que el único justificante es la transferencia bancaria".

La formación convergente también percibió transferencias de la federación CiU -que entonces conformaba junto a Unió- por un total de 662.000 euros que tampoco se declararon como donativo: "Dado que la federación CiU se financia mayoritariamente de subvenciones públicas, no quedaría claro si estas aportaciones serían legales".

Dudas sobre la legalidad

La asesoría alertaba de que, pese a que las cuotas de los militantes se han de ingresar en cuentas bancarias abiertas con esta finalidad -con domiciliación bancaria o ingreso nominativo- "hay ingresos por importe de 30.807 euros emitidos e ingresados en las cuentas de las sedes territoriales en una cuenta que no es específica para este tipo de ingreso".

Este informe también avisaba a la formación convergente de que no había formalizado un protocolo interno que pudiera ser sometido a verificación e informe, el cual tendría que ser presentado al Tribunal de Cuentas.

Esta documentación forma parte de la causa que investiga el titular del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch, que indaga si CDC cobró comisiones ilegales a cambio de la concesión de obras públicas y camuflaba estos pagos como donaciones desinteresadas a fundaciones afines al partido.