El presidente de la Assamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, ha confirmado que ya hay 1.800 autocares movilizados para la manifestación convocada por las entidades soberanistas en Barcelona el próximo lunes, Onze de Setembre. Además, ya hay más de 360.000 personas inscritas.
En un acto que ha tenido lugar esta mañana en las puertas del Parlament de Catalunya, Sánchez, que ha comparecido junto al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la presidenta del Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras, ha informado de cómo será la manifestación, que quiere formar una gran cruz en el centro de Barcelona, con el punto central en el cruce entre el paseo de Gràcia y la calle de Aragó.
Sànchez se ha mostrado convencido de que "volverá a ser una demostración de un clamor inequívoco y cívico a favor del ejercicio del derecho a la autodeterminación" y de que se hará con optimismo después de que el Parlament haya aprobado la ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica.
Jordi Cuixart ha reclamado que la manifestación sea "la garantía natural que el pueblo de Catalunya es un solo pueblo y que está movilizado en la legítima defensa de sus derechos", y ha llamado a participar a todas las personas que se consideren demócratas.
Caja de resistencia
Asimismo, Sànchez ha informado de que se han recogido ya más de "800.000 euros" en la caja de resistencia a favor de los condenados por el 9-N. Además, está previsto que durante la manifestación haya voluntarios que pidan aportaciones económicas para poder pagar las sanciones.
Sánchez, Cuixart y Lloveras han reivindicado la "legalidad y legitimidad" de la ley del Referéndum a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) y se han mostrado convencidos de que la gente "no se quedará en casa" el 1-O.
Además, han criticado la decisión del TC pero han asegurado que no tiene efecto para que los tribunales "no tienen ningún tipo de autoridad moral" y porque han defendido que la legalidad en Catalunya es aquella que aprueba el Parlamento. Sánchez aseguró que si no se ha producido la suspensión de cargos del Gobierno o del Parlamento es porque saben que no se acata. "Si tuvieran la certeza de que la suspensión de los representantes del Gobierno sería efectiva ya la habrían hecho", dijo.