El 21 de julio expira el plazo para que los 34 altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas abonen la fianza de 5,4 millones de euros que se los reclama por la acción exterior del Govern entre los años 2011 y 2017. Si no lo hacen, se les embargarán los bienes hasta llegar a esta suma, como ya ha pasado anteriormente con Mas, Ortega, Homs y Rigau por el 9-N. Esta vez, el ejecutivo catalán ha querido mover ficha para blindar los bolsillos de los cargos públicos implicados a través de un decreto ley que tendrá que ser convalidado en el Parlament para crear un Fondo Complementario de Riesgos que dependerá de la Generalitat y contará con una dotación inicial de 10 millones de euros, con el objetivo de "proteger a todos los servidores públicos". Se trata de una fórmula financiera compleja a través de la cual el gobierno catalán se convierte en el responsable final de la sanción astronómica solicitada por el Tribunal de Cuentas. Se reserva, eso sí, el derecho a reclamar la decolución íntegra del dinero avanzado si se acaba confirmando una sentencia firme.
La solución la ha pilotado el departamento de Economía (Junts)y cuenta con el aval del gabinete jurídico del Govern, que cuelga de Presidencia (ERC), así como de la intervención general. Los dos consellers responsables de estas áreas, Jaume Giró -como exdirectivo de La Caixa experto en todo lo que tiene que ver con el entramado financiero- y Laura Vilagrà, han comparecido para presentar la propuesta. Lo que se ha acabado aprobando en la reunión del consejo ejecutivo de este martes es un equilibrio entre la voluntad de proteger a los afectados y garantizar que la respuesta al organismo fiscalizador del Estado no incurra en ninguna irregularidad que la invalide y ponga en riesgo los actuales dirigentes y funcionarios de la Generalitat. Con todo, fuentes gubernamentales no descartan que partidos como PP o Cs se querellen por malversación. El ejecutivo, ha explicado Vilagrà, se basa en el principio de indemnidad, que prevé que todo funcionario tiene derecho a la tutela judicial efectiva por parte de la administración.
"Con las pólizas contratadas por la Generalitat había una serie de riesgos que no estaban cubiertos", ha dicho el conseller Giró. Hasta que no se cree un órgano rector del fondo, será el Instituto Catalán de Finanzas quien gestione el fondo.
Condiciones para solicitarlo
Las condiciones para solicitar la cobertura de este fondo son que no exista ninguna resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones del afectado, que el riesgo no esté cubierto por otros seguros de la administración y que la Generalitat no haya iniciado ninguna acción contra la persona encausada. Aquellos que quieran beneficiarse del fondo deberán tramitar la solicitud exponiendo si se cumplen las premisas. Si se acepta la petición, el ICP pedirá a una entidad bancaria que emita un aval. Es decir, que no será un aval direto del ejecutivo, sino que el gobierno catalán haría de contra aval.
Blindaje judicial
"No existe desplazamiento de dinero de la Generalitat en ningún momento", ha subrayado Giró. Una forma de blindarse jurídicamente ante posibles invectivas de partidos como Cs, Vox o el PP. De hecho, el decreto impulsado prevé que "en caso de una sentencia firme, sin más camino judicial por recorrer, si se demuestra una responsabilidad contable, el beneficiario deberá devolver el dinero a la administración, los intereses y los costes adicionales". Ante las dudas sobre una posible acusación por malversación de fondo, el titular de Economía ha concluido que "está construido de tal modo que garantice que no se hace una malversación de dinero público". Si bien no se ha concretdo de qué partida saldrán los 10 millones previstos, sí que se ha informado de que el ICF usará una parte de sus recursos para poder gestionar los avales.
Durante la comparecencia posterior a la reunión del ejecutivo, los consellers y la portavoz han querido aclarar que no se pediría el retorno de la cifra cubierta durante todo el transcurso judicial hasta que llegue la sentencia firme. "Si se les declara culpables, la Generalitat recuperará el dinero", ha garantizado Giró, que ha puesto el foco en la confianza en que no llegue a suceder, porque hasta ahora las instancias europeas han contradicho las sentencias emitidas por la justicia española.
Sumar a los comunes
La opción escogida, la del decreto ley, busca dar más solidez a la respuesta jurídica, de modo que además del ejecutivo, se cuente con el apoyo|soporte del legislativo. Que pase por el Parlament permitirá ampliar el espectro de fuerzas que apoyen. La intención es que se sumen los comunes y que, si fuera posible, pueda arrastrarse al PSC por lo menos a la abstención. El texto aprobado cuenta con la firma del president Pere Aragonès y el conseller de Economía.
Desde que el Tribunald de Cuentas impuso la fianza, los socios de gobierno se han mostrado partidarios de acompañar a los encausados. Junts per Catalunya ha sido más vehemente reclamando que se les avalara económicamente, mientras que ERC ha optado por una actitud más prudente hasta que no se cerrara una propuesta concreta. En paraleo, desde el ejecutivo se pide que se reactive la caja de solidaridad, que esta tarde anunciará que se pone en marcha por si acaso, por si no se acepta el aval de la Generalitat. El requisito de la ANC era que antes, el gobierno catalán hiciera un paso adelante para proteger a sus cargos perseguidos.
El recorrido en el Tribunal de Cuentas
Varios medios con sede central en Madrid han informado este martes que el Tribunal de Cuentas podría rechazar la vía de el aval directo de la Generalitat, porque lo consideraría un fraude de ley. Fuentes del órgano indican que como se considera que el gobierno catalán es la parte perjudicada en este caso -aunque la Generalitat insista en que no reclama nada- que la fianza se cubriera con dinero proveniente de la administración pública catalana sería entendido como una irregularidad
Será la delegada instructora del caso, Esperanza García, quien deberá determinar la validez y legalidad de los avales. Ante su decisión se puede presentar recurso delante de la sala de enjuiciamiento, aunque eso no paraliza los correspondientes embargos.
El piso de Mas, a subasta
Justamente la semana pasada, el Supremo desestimó el recurso que Artur Mas, sus consellers y seis ex altos cargos más de su gobierno presentaron contra la sentencia del Tribunal de Cuentas que les ordenaba pagar 5,2 millones -incluidos los intereses- por la consulta de 2014. De este modo, los inmuebles propiedad del expresidente y el resto de afectados que hasta ahora se habían puesto como fianza podrán ser ya llevados a subasta. La caja de solidaridad cubrió 2 de los 2,2 millones que se les reclamaba.
En la imagen principal, Jaume Giró y Pere Aragonès en el Parlament. / ACN