El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Manuel Campos Sánchez-Bordoña ha defendido este miércoles que el régimen de condicionalidad es compatible con los tratados de la UE, "el régimen se adoptó sobre una base jurídica y respeta el principio de seguridad jurídica". De esta manera, el jurista ha desestimado los recursos que Polonia y Hungría presentaron a los tribunales de Luxemburgo contra este instrumento considerando que "no tiene base en los tratados" del bloque comunitario y que "interfiere en las competencias de los estados miembros".

El caso se remonta a finales del año 2020, cuando Hungría y Polonia se opusieron a la decisión del resto de socios de la Unión Europea de introducir las condiciones al desembolso relacionado con el cumplimiento de los valores europeos. El mecanismo ideado permitía paralizar el desembolso de fondos comunitarios, de los cuales Budapest y Varsovia son importantes receptoras, cuando se detectarán violaciones de los principios del Estado de derecho. Ambos países amenazaron con bloquear los fondos de recuperación postpandemia si no se retiraba este instrumento, finalmente validaron con el resto de socios el mecanismo y que lo recurrirían ante la justicia europea.

Primera respuesta

De la mano del abogado español de la corte comunitaria, la recomendación en el tribunal ha sido la de desestimar los recursos de Polonia y Hungría al considerar que el instrumento "es compatible con el artículo 7 del tratado de la Unión Europea". "La protección de los destinatarios finales de los programas de gasto financiados con cargo al presupuesto de la Unión es una medida típica y lógica en la gestión compartida de estos fondos", recalca el letrado, que ha señalado que el reglamento polémico no afecta a todas las vulneraciones del Estado de derecho sino a las que tengan conexión directa con la gestión del presupuesto de la Unión.

Además, considera que es suficiente diferente del proceso de sanción si se constata una violación grave de los valores europeos en un Estado miembro, bajo el cual Hungría y Polonia tienen un expediente abierto desde hace años, pero que no ha avanzado lo suficiente para llegar a la fase de sanción.

Decisión definitiva

La valoración del abogado es el paso previo a la sentencia final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se espera que se emita durante el año 2022. La Comisión Europea ha decidido esperar a la decisión de la corte comunitaria antes de abrir los expedientes a los países infractores, hecho que ha provocado tensiones dentro de la Eurocámara, que exige que se bloquee los fondos a los estados que pretenden violar los valores comunitarios con respecto a la gestión de los presupuestos.

 

Foto principal: plano general del Tribunal de Justicia de la UE / ACN