De querer recoser las relaciones y la "confianza" con el Gobierno a justificar el espionaje. De desentenderse del CatalanGate y de manifestar su "disposición a colaborar con los tribunales" a amenazar con las "consecuencias" de denuncias "falsas". Y, finalmente, a declararse espiado. Han pasado dos semanas desde que estallara el escándalo de ciberespionaje político más masivo conocido hasta la fecha y que ha afectado, al menos, a 65 líderes y personalidades del independentismo catalán. En estos 14 días, las respuestas y mensajes del Gobierno han transitado de la frialdad y tibieza al ataque. La situación, que ha comportado una crisis política de primera magnitud, ha dejado muy erosionadas las relaciones entre el Gobierno y el ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez. Un Sánchez, por cierto, que tardó nueve días en pronunciarse al respecto y un presidente que ha declinado depurar responsabilidades: no ha habido ningún cese ni ninguna dimisión.

18 de abril: se confirma el escándalo del CatalanGate y el Gobierno se desvincula

El semanario norteamericano The New Yorker publicaba un reportaje el lunes 18 de abril que confirmaba las sospechas que el Estado había utilizado el programa israelí de espionaje Pegasus contra 65 personas del entorno del independentismo catalán, entre los cuales, tres presidents de la Generalitat de Catalunya. Un grupo de investigación con sede en la Universidad de Toronto, The Citizen Lab, había podido comprobar que se había espiado a varios políticos, activistas y abogados a través del móvil. Los focos se centraban en el papel que había tenido España en esta vulneración de derechos humanos mediante la tecnología y la pelota quedaba en el tejado del gobierno de Pedro Sánchez y del rol de los servicios de inteligencia españoles.

La primera reacción del ejecutivo llegaba desde el Ministerio del Interior, que indicaban que "ni el ministerio, ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil han tenido nunca ninguna relación con la empresa NSO —la empresa creadora de Pegasus— y, por lo tanto, nunca han contratado ninguno de sus servicios". De esta forma, se desvinculaban del espionaje e insistían en que no habían contratado nunca este software, aunque la investigación dejaba entrever evidencias sobre un "fuerte nexo" de este escándalo con "unas o más entidades del Gobierno".

24 horas después: "No se espía fuera de la ley"

Amnistía Internacional, la Comisión Europea y los socios parlamentarios —con conjura de los partidos independentistas para llevar el caso a instancias judiciales e internacionales—. Ni la falta de rastro del espionaje en la prensa de Madrid lo salvaba. A medida que avanzaban las horas, la presión incrementaba sobre Pedro Sánchez y su Consejo de Ministros y los interrogantes iban a más. "Hacen falta explicaciones y hay que abrir una investigación para aclarar los hechos", así era como Unidas Podemos daba un toque a Sánchez, pero muy especialmente a los responsables de Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. Echenique iba más allá: "Si es necesario, que rueden cabezas". Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, salía al paso y protagonizaba las primeras declaraciones públicas de La Moncloa sobre el CatalanGate. El mensaje era claro: "No tenemos nada que ver, no tenemos absolutamente nada que ocultar". En paralelo, Rodríguez anunciaba que el ejecutivo estaba "a disposición de la justicia" y que estaban abiertos a "colaborar si así lo requieren los tribunales". La titular de Política Territorial reivindicaba que en España "no se espía, ni se intervienen conversaciones si no está bajo el amparo de la ley".

La grieta se iba haciendo más profunda. Las —pocas— explicaciones no convencieron el Govern. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, comparecía poco después con todo su Consell Executiu para alertar de la ruptura: "La confianza con el Gobierno del Estado es mínima, se hace realmente difícil confiar con quien todo apunta que te ha estado espiando". El primer paso del ejecutivo catalán, pues, era congelar las relaciones y "no normalizarlas" hasta que no se aclarara todo. Aragonès pedía una reunión con Pedro Sánchez a fin de que este último le diera explicaciones, pero este encuentro no se materializó. De hecho, durante la semana, sólo intercambiaron algunos mensajes, según ha explicado el mismo president de la Generalitat.

Se abre la veda: Robles niega la implicación del CNI

El miércoles 20 de abril, el Govern se despertaba con una información de El País que revelaba que el Centro Nacional de Inteligencia había adquirido el programa Pegasus "para espiar en el extranjero". El president de la Generalitat, Pere Aragonès, se mostraba contundente a RAC1: "No hay que ser Sherlock Holmes para señalar el CNI". Rápidamente, Margarita Robles, en tanto que titular del Ministerio de Defensa —del cual cuelga el CNI—, reprochaba a Aragonès que acusara "sin pruebas" a los servicios de inteligencia españoles, dado que "no se puede defender". Robles añadía que "todas las actuaciones del CNI están sujetas a control judicial y también a control parlamentario", pero se mantenía "dispuesta" a dar explicaciones en la Comisión de Defensa de la cámara baja o incluso a constituir la comisión de secretos oficiales para "colaborar". La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, instaba a investigar la cuestión: "España no tiene que tener ningún miedo a la transparencia y no ofrecer las aclaraciones que sean necesarias". Belarra, secretaria general de la formación lila y ministra de Derechos Sociales, se sumaba: "No puede quedar ninguna sombra de duda, se tiene que investigar hasta el final y depurar responsabilidades". Entretanto, el Gobierno seguía sin moverse.

Trabajar para "reestablecer la confianza"

El malestar en el independentismo por la falta de explicaciones iba en aumento. Para Aragonès, las afirmaciones de Robles eran "insuficientes y contraproducentes" y, por primera vez, abría la puerta el 21 de abril a pedir dimisiones: "Alguien tiene que asumir las responsabilidades", decía, aunque mantenía que "para llegar a este punto, tenemos que saber quién ha tenido conocimiento y no ha actuado o quien ha autorizado el espionaje". El president de la Generalitat se desplazó hasta Madrid, se reunió con los grupos parlamentarios de ERC, Junts, PDeCAT, CUP, PNV, Bildu y Unidas Podemos en el Congreso. El enfado era mayúsculo y las reclamaciones eran más elevadas: "La pelota está en el tejado del Estado, que tiene que decidir hasta qué punto es transparente y cuál es el nivel de responsabilidades que piensa asumir". Aquel mismo jueves por la noche, Pere Aragonès admitía por primera vez que el Gobierno "podría llegar a caer".

Nuevamente, Isabel Rodríguez intentaba tapar los agujeros, haciendo un "llamamiento a la tranquilidad absoluta" para la sociedad catalana que pudiera sentir "angustia o preocupación" por el espionaje masivo. "Habrá transparencia y colaboración" pero, más allá de las palabras, los gestos no se palpaban. "Queremos mantener la relación de confianza con la Generalitat, estamos en disposición de hacer un esfuerzo por evitar que esta se rompa", añadía la portavoz del ejecutivo central. "No queremos dar pasos atrás", remachaba Rodríguez. Todo eso pasaba el día en que el presidente de la Generalitat iba a Madrid, pero Pedro Sánchez se desplazaba a Kyiv para visitar a Volodímir Zelenski.

Reunión (infructífera) para resolver la crisis: control interno del CNI

No había pasado nada reseñable por parte del Gobierno, hasta el 23 de abril. El ejecutivo de Sánchez escenificaba un intento por cerrar la crisis política abierta a raíz del CatalanGate. La Moncloa anunciaba que el domingo 24, en el Palau de la Generalitat, Laura Vilagrà, consellera de Presidència, se reuniría con su homólogo español, Félix Bolaños. El Gobierno explicaba que era "muy importante seguir manteniendo la misma voluntad de diálogo que se ha ido practicando hasta ahora con el Gobierno desde que Pedro Sánchez es presidente". Sin embargo, la cumbre no cuajó: Vilagrà alertaba de que no habían encontrado "las respuestas" que esperaban. "La reunión no ha ido bien", concluía la consellera de Presidència. El aviso del Govern era nítido: "Si el Gobierno no se mueve, habrá consecuencias graves". En las más de dos horas de reunión, más que respuestas, Félix Bolaños planteó una resolución "insatisfactoria" para el Govern. El ministro de Presidencia comunicaba la apertura de un control interno dentro del Centro Nacional de Inteligencia, el inicio de una investigación por parte del Defensor del Pueblo —órgano liderado por Ángel Gabilondo (PSOE)— y la constitución de la comisión de secretos oficiales. Añadía el socialista que mantenían "la plena cooperación con la justicia", si procedía, para aclarar este asunto.

La semana en la que el incendio se desata: viraje del gobierno Sánchez

La semana del 25 de abril era clave para el Gobierno. La votación del decreto anticrisis se avistaba muy difícil sin la complicidad de ERC ni otros potenciales socios parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos. La tensión era máxima. ERC empezaba el lunes con una posición muy definida, que coincidía con Junts: "La respuesta del gobierno del Estado es más que insuficiente. No sólo son necesarias las explicaciones y la transparencia, también asumir las consecuencias de este escándalo mayúsculo. Y las consecuencias quieren decir las dimisiones que haga falta", detallaba Marta Vilalta. La chispa no se apagaba y Robles evidenciaba que ya no había voluntad de apagar este incendio. La titular de Defensa relativizaba el CatalanGate: "Eso del espionaje yo no sé lo que es. No sé muy bien lo que es, porque cuando se actúa, se hace conforme a derecho". En cuestión de días, Margarita Robles también afirmaba no saber "qué es el The New Yorker". El zarandeo era tremendo. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no calmaba los ánimos, sosteniendo que la investigación interna del CNI "no cuestiona de ninguna manera" este órgano.

Si los pilares de los puentes no estaban lo suficientemente estropeados, Margarita Robles dinamitaba cualquier mínima posibilidad de entendimiento. La ministra de Defensa atacaba a los partidos independentistas en una sesión de control en el Senado por las preguntas sobre el CatalanGate y los acusaba de "ir contra todos los principios básicos de cualquier estado democrático" con "imputaciones sin pruebas y juicios de valor". Además, los emplazaba a ir a la justicia: "Si tienen dudas, vayan a los tribunales. Con todas las consecuencias, que la denuncia falsa también es delito". En la misma jornada, el Govern anunciaba que hará todas las acciones "jurídicas y políticas para llegar hasta el final, por todas las vías y en todas las instancias competentes". Además, se restringían "al mínimo" las relaciones con La Moncloa.

El 27 de abril, el día clave

Por boca de Margarita Robles, todo quedaba en entredicho. Por primera vez, parecía que la responsable del Ministerio de Defensa admitía el ciberespionaje y avalaba la actuación: "¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución? ¿Qué tiene que hacer cuando se declara la independencia o se anima a desórdenes públicos? ¿Qué tiene que hacer cuando tiene contactos con quien ha invadido Ucrania? ¿Qué pasa cuando se hackean webs como la del SEPE o móviles de ministros? Ustedes ahora son víctimas porque les conviene". "Se ha delatado", aseguraban desde el independentismo. En otra cámara legislativa, en el Parlament, Aragonès exigía por primera vez la cabeza de Robles: "La ministra tiene que asumir responsabilidades, lo tiene que hacer porque el CNI estaba bajo su responsabilidad. Si no lo sabía, por incompetente y si lo sabía, por actuar vulnerando los principios democráticos más básicos".

La jornada también venía marcada por la primera intervención de Pedro Sánchez al respecto. Después de nueve días de silencio, el presidente del Gobierno respondía en el Congreso a una pregunta de Gabriel Rufián, pero mantenía un perfil bajo: "Apostamos por reconstruir la confianza con la Generalitat". Sánchez defendió que el CNI "siempre ha respetado escrupulosamente la ley" y afianzaba "la voluntad de aclarar los hechos y hacerlo con transparencia, con rendición de cuentas y atendiéndonos a la legalidad". Todo lo que había pasado en el Congreso tenía efectos inmediatos: ERC no votaría a favor del decreto de medidas anticrisis de Sánchez. Al presidente del Gobierno no le salían los números y la falta de respuestas por el CatalanGate lo estaba aislando. A última hora, decidía anular el viaje previsto a Polonia y Moldavia. El secretario general del PSOE salvó el decreto, pero lejos de estar tranquilo, la estabilidad de su gobierno pende de un hilo por la gestión del ciberespionaje. Jaume Asens lo avisaba: "El futuro del gobierno dependerá de la capacidad del PSOE de dar explicaciones". Uno de los espacios tendría que ser la Comisión de Secretos Oficiales, constituida el pasado jueves, y que contará, por la parte catalana, con la presencia de Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts) y Albert Botran (CUP).

Sánchez y Robles, espiados

Este lunes ha arrancado con un nuevo giro de guion: La Moncloa ha hecho una comparecencia extraordinaria para explicar que en mayo de 2021 los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles también fueron espiados con Pegasus. Félix Bolaños ha calificado estas actuaciones de "espionajes fuera de la ley" y ha anunciado que han puesto en conocimiento estos "hechos inequívocos" en la Audiencia Nacional. De esta manera, han dejado el CatalanGate en un segundo plano. Con esta revelación, abogados de los afectados por el CatalanGate alertan de que existe la posibilidad de que se unifiquen las causas al ser espiados al presidente del Gobierno y de la Generalitat, por ser instituciones del Estado. En todo caso, los letrados no ven "conexión" de los hechos hasta que no se acredite que el autor de este espionaje "es el mismo". La semana ha empezado con un nuevo escenario, con un Gobierno que ahora se proyecta como "víctima" del ciberespionaje.