La casualidad ha querido que los presidentes homónimos se vean por primera vez el día de su santo, Sant Pere, San Pedro. Pasada la una del mediodía, Pere Aragonès ha enfilado los 620 kilómetros que separan el Palau de la Generalitat del Palacio de la Moncloa, donde lo recibirá Pedro Sánchez a las cinco de la tarde. Ambos tratarán de reanimar la vía de la negociación, intubada y en estado de coma inducido desde hace meses. Si la semana pasada los indultos a los presos independentistas daban un empuje para impulsar la recuperación de las relaciones, el revés del Tribunal de Cuentas horas antes de la reunión de presidentes no hace más que ensuciar el camino y cargar de razones al independentismo, al president, para recordar a Sánchez que el perdón concedido a los nueve líderes del 1-O no resuelve la raíz del conflicto. Ni mucho menos.

 

No habrá listado de puntos

Acompañado de su pinyol -el director de la Oficina del President, Sergi Sabrià, y su jefe de comunicación, Marçal Sarrats- Aragonès acababa de repasar el guion de su entrevista con el presidente de España. Ha compartido algunos detalles con ElNacional.cat. "No habrá regalos, no es una reunión de cortesía, vamos a trabajar", avanzan desde presidencia. Si en sus respectivas reuniones con Rajoy, Mas y Puigdemont llevaron un documento con 23 y 46 puntos por resolver y Torra hizo lo mismo con una recopilación de 21 medidas a Pedro Sánchez, Aragonès no hará lo mismo. "Sólo hay dos puntos: amnistía y autodeterminación", dicen.

El objetivo del encuentro de hoy es establecer el nuevo marco de relaciones con el Estado. Eso pasa, según fuentes de gobierno, por hacer entender al ejecutivo español que tiene que haber una bifurcación de caminos. De un lado todo lo que tiene que ver con la gestión del día a día, y que se enmarca bajo el paraguas de las comisiones bilaterales entre el Estado y la Generalitat -que tienen que ver con infraestructuras, asuntos económicos y traspasos pendientes- y por otro lado la resolución del conflicto político. En este punto, el president presionará a Sánchez con el informe del Consejo de Europa que reclama no sólo la liberación de los presos sino la retirada de las euroórdenes contra los exiliados y el fin de la persecución contra dirigentes políticos. "La hoja de ruta para acabar con la represión es cumplir con el Consejo de Europa", afirmó ayer Aragonès durante la recepción a los presos indultados.


Aragonès junto a Sabrià en el AVE dirección Madrid, este mediodía. / Jordi Bedmar

Cerrar filas antes de reactivar la mesa

A efectos prácticos, el entorno del president explica que de la cita de este martes se saldrá com pocas concreciones, más allá de la fecha para la reactivación de la mesa de diálogo. Las mismas fuentes indican que lo más probable es que sea después de las vacaciones, ya en septiembre. Ya no sólo porque es la voluntad de Moncloa, sino porque se quiere "blindar la posición catalana". Es decir, que Aragonès pretende antes reunir el soberanismo para cerrar filas e ir al espacio de negociación con Madrid con una sola voz y sin fisuras.

Sobre el primer capítulo, según ha podido saber este diario, a partir de este miércoles los consellers designados para capitanear las comisiones bilaterales, Laura Vilagrà -Transferencias-, Jordi Puigneró -Infraestructuras- y Jaume Giró -Asuntos Econòmics- empezarán a contactar con sus respectivos ministros para ir abordando temas pendientes. Aquí destacan cuestiones como el traspaso de la gestión del aeropuerto y el puerto, así como la gestión de los fondos europeos Next Generation o el pago de deudas pendientes del Estado con Catalunya.

Catalunya, sujeto político

El hueso más duro de roer será sin duda el que tiene que ver con la eterna exigencia de un referéndum pactado. Pronto hará una década que el gobierno Mas lo reclamó en Madrid, como han seguido haciendo Puigdemont y Torra. Aragonès persistirá en el intento y su intención es que en los próximos dos años, de aquí a 2023 que se tienen que volver a celebrar elecciones en España, se hayan podido poner las bases y "avanzar en los procedimientos" para encauzar la futura votación. El punto de partida imprescindible, reconocen desde Presidencia, es conseguir que el Gobierno reconozca Catalunya como un sujeto político.


Aragonès y Sánchez se saludan en la sede de Foment de Trabajo. / M. Giralt

Sánchez y la ley del péndulo

Desde que ahora hace tres años llegó a la presidencia a través de la moción de censura contra Mariano Rajoy, el discurso de Pedro Sánchez en relación con Catalunya ha ido basculando como un péndulo. Cuando hacía pocos meses que estaba en la Moncloa, el líder socialista decidió reunir el Consejo de Ministros en Barcelona como un gesto de acercamiento. El encuentro ministerial fue recibido con una contundente concentración de rechazo. Con todo, el viaje sirvió para organizar un doble encuentro en Pedralbes. Una entre Sánchez y Torra y otra entre los vicepresidentes Calvo y Aragonès, la ministra Batet y la consellera Artadi.

Pedralbes y el relator

De allí salió la famosa Declaración de Pedralbes, que es la casilla desde donde Aragonès quiere reemprender la negociación con el Estado. Aquel documento hablaba de "conflicto sobre el futuro político de Catalunya" y enterraba el concepto de "crisis interna de convivencia entre catalanes" que hasta entonces habían utilizado a los dirigentes socialistas para referirse al procés catalán. El texto también apostaba por "un diálogo efectivo" que sirviera para "vehicular una propuesta política" en el marco de la "seguridad jurídica". Segundo paso adelante, se obviaba cualquier mención a la Constitución. Durante aquellos días el debate giraba en torno a la conveniencia de designar a un relator que auditara la negociación.

Pocos meses después, todo aquello quedó en papel mojado. ERC tumbó los presupuestos generales del Estado en un Pedro Sánchez que, fustigado por la derecha de Colón, convocó elecciones y endureció el tono contra el independentismo, recuperando el discurso de "conflicto de convivencia" y planteando, incluso, volver a penalizar la organización de referéndums. El intento del líder del PSOE de librarse de ERC fue fallido. La aritmética saliente del 10-N lo devolvió en sus brazos. A los republicanos lo invistió para hacer realidad el gobierno PSOE-Podemos a cambio de la creación de una mesa de diálogo.

Un nuevo Estatuto

El documento pactado por la investidura entre el PSOE y ERC recogía que cualquier acuerdo que saliera de la negociación entre gobiernos sería refrendado por los catalanes en las urnas. Fuentes socialistas admiten en privado que su idea pasa para que esta votación sea sobre un nuevo Estatuto, una oferta que el gobierno catalán no compra.

Con la investidura de Sánchez empezaba la primera etapa del deshielo. En Catalunya, Junts se lo miraba con escepticismo. A pesar de las pegas iniciales de Torra, el president acabó recibiendo a Pedro Sáchez en el Palau de la Generalitat para activar la mesa de diálogo. Era 6 de febrero de 2020. El presidente español asistió a la cita con una Agenda por el Reencuentro. Una propuesta de 44 puntos que incluían a un nuevo modelo de financiación, la recuperación de la inversión pendiente en infraestructuras o el impulso de políticas sociales. Ni rastro de la autodeterminación y la amnistía.

Al cabo de veinte días, a finales de febrero del año pasado, se reunía por primera y última vez la mesa de negociación Estado-Generalitat. Mucha expectación, mucha pomposidad, y pocos frutos más allá de una fotografía que dio la vuelta a España. El compromiso fue reunir aquel espacio una vez al mes. Días después llegaba la pandemia, el pretexto perfecto para dejar morir de inanición la mesa de diálogo.