El Tribunal Superior de Londres ha incluido la oficina de ACCIÓ Londres en la lista de bienes a embargar de manera cautelar para ejecutar el laudo arbitral que ha abierto contra el gobierno español por la pérdida de inversiones en renovables durante el ejecutivo de Mariano Rajoy. Desde ACCIÓ se está analizando legalmente la notificación del tribunal británico, pero adelantan que en todo este proceso legal la Generalitat "no tiene nada que ver". Según ha confirmado ElNacional.cat, desde el Gobierno ya se trabaja en su defensa jurídica.

Con respecto a la actividad de ACCIÓ en la capital británica, este proceso no lo afectará. La oficina seguirá operando al 100% para las empresas catalanas". De manera que este caso no afecta al trabajo que se está desarrollando.

La oficina de ACCIÓ está situada al 17 de Fleet Street, donde también está la delegación del Govern en el Reino Unido. Sin embargo, estos últimos no se ven afectados por la ejecución del laudo arbitral que está llevando a cabo la justicia británica. Otros bienes que sí que están afectados por este laudo son l'Instituto Cervantes y sus activos bancarios.

El gobierno de Rajoy y el recorte en las renovables

Todo proviene de los recortes del gobierno de Mariano Rajoy, concretamente en el campo de las energías renovables. El año 2013, el Ejecutivo del PP aprobó una reforma legislativa que redujo la rentabilidad de varias instalaciones de renovables, todo dentro de su plan de recortar ayudas, gastos y subsidios con motivo de la crisis.

Al fin y al cabo redujo los beneficios esperados por algunos inversores internacionales que se dirigieron a las cortes de arbitraje internacional y denunciaron España, y se presentaron 51 arbitrajes en diferentes tribunales, la mayoría ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -un organismo dependiente del Banco Mundial- delante de lo que en total reclamaban unos 10.000 millones de euros.

El actual Gobierno promulgar el Real decreto ley 17/2019, que otorgó en las plantas afectadas por la reforma una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta el 31 de diciembre del 2031. Esta medida ha frenado las denuncias de inversores, pero no ha cerrado los casos abiertos con anterioridad. Según informa Efe, se han dictado 29 laudes, seis los ha ganado el estado, dos se han anulado, 19 más están pendientes y tres demandantes han tirado la toalla. Todo ha acabado salpicando ACCIÓ, que trabaja para su defensa ante unas consecuencias de un caso en que no tienen nada que ver.