El Ayuntamiento de Caldes de Montbui presentará una demanda de resarcimiento contra el Estado español por el espolio franquista que sufrió el municipio. En concreto, se reclamará el retorno de 70.000 pesetas republicanas, decomisadas de cuentas bancarias del consistorio por el bando alzado en 1939, y que ahora se ha descubierto donde están. Es una iniciativa pionera y todo un reto porque la legislación española no lo permite de forma directa. Tampoco es clarificadora la última ley española de Memoria Democrática de 2022, que declara nulas las confiscaciones hechas durante la Guerra Civil y la dictadura, pero que exculpa al Estado de toda responsabilidad. "Lo tenemos claro: es dinero de los calderines y calderines y lo reclamamos por justicia histórica", afirma el alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda (ERC), a ElNacional.cat. Añade que esperan poder presentar la demanda este verano, cuando tengan el resultado de un estudio económico sobre el valor actual de las pesetas, y contando que fueron devaluadas después de la guerra. El abogado y profesor de Derecho de la UAB, Daniel Vallès, es quien prepara esta demanda inédita, aprovechando una rendija interpretativa de la nueva norma de memoria combinada con la acción de restitución, que recoge el Código Civil.
Esta iniciativa surge de un acuerdo del pleno municipal -a petición del Centro, Ateneo Democrático y Progresista, y aprobada el mayo de 2021 con los votos a favor de ERC, la CUP, el PSC y Junts- de encargar una investigación, estudio y evaluación de los casos de persecución y violencia franquista articulada a través de un sistema de espolio, de requisa de bienes muebles e inmuebles, contra entidades e industrias y contra las personas físicas. El resultado es el estudio Las víctimas del espolio franquista en Caldes de Montbui, 1939-2023, de la doctora en Historia Neus Moran Gimeno, autora del nuevo libro L'Espoli General, y que se presentó públicamente el junio pasado, y donde se incluyen entidades afectadas, como el mismo Centro Democrático y Progresista.
Unos 55 represaliados en Caldes
En el exhaustivo estudio, la investigadora Neus Moran ha localizado más de 180 procedimientos judiciales militares y 28 expedientes de responsabilidades políticas incoados contra 55 vecinos (45 hombres y 10 mujeres), de los cuales 22 hombres fueron fusilados. Por sorpresa, en los documentos aparece el bisabuelo del alcalde (en prisión un año), del cual admite que, como la mayoría de familias, en casa no se hablaba de lo que pasó. "El objetivo era sacar un tema invisibilizado, conscientes de que es un tema que hace daño. Pero había que sacar a la luz la represión al Ayuntamiento republicano, entidades y familias. Las consideramos víctimas y estamos a su lado", declara el alcalde republicano, que admite: "La información se ha encajado bien, con un punto de tristeza y desazón."
Pineda expone que el relevo generacional ayuda a cumplir este principio de justicia y reparación en el municipio, que hace más de 80 años eran casi 5.000 habitantes y ahora han crecido hasta los 18.000 vecinos. Y es que en la investigación aparecen nombres de represaliados, pero también de represores franquistas, como el alcalde Isidre Anglí Palaudarias, veterano dirigente de la Liga.
Además, Moran documenta las cuentas bancarias de instituciones y particulares que fueron bloqueadas, los llamados improtegibles. Uno de los tesoros del estudio es que Moran encontró las cunetas municipales con el dinero robado en los archivos del Ministerio de Hacienda y del Banco de España, que es una prueba clave para poder hacer su reclamación. Son las cuentas del Comedor Popular, la administración de la Propiedad Urbana, y del Sindicato Agrícola.
En la documentación encontrada en los diferentes archivos, se han recogido listas de todo lo que requisaron a las familias -desde muebles a juguetes y manteles- y expedientes judiciales. Por eso, desde el Ayuntamiento se decidió abrir una Oficina de Memoria Democrática, en el Museo Thermalia, que continúa activa, para que todo el mundo que esté interesado pueda consultar la documentación, para ejercer reclamaciones individuales o simplemente para confirmar o saber qué pasó con sus familiares.
Anna Monleón, directora del museo Thermalia, explica que hasta ahora han atendido una quincena de personas. "En Caldes, todavía ahora cuesta que se hable, y algunas personas desconocían realmente qué pasó con sus familiares. La mayoría son nietos, bisnietos y sobrinos," afirma Monleón. Con el estudio, los vecinos pueden saber en qué archivo está el expediente militar o judicial de su familiar, por si quieren pedir una copia compulsada, necesaria si se quiere ejercer una acción judicial. En el museo se ha acordado darles la transcripción de los documentos encontrados, si lo que se quiere es tener una información de lo que pasó. Los expedientes rezuman una persecución indigna, e incluso salen los nombres de sus delatores o los que se quedan sus negocios.
¿Así, se cierra una herida? "Es difícil afirmar que se cierra una herida. Hasta ahora se ha tirado tierra encima. No lo hemos sabido hacer bien. No se hizo una buena Transición, no se habló, ni se habla. Se ha escondido", concluye Anna Monleón.
Una hija de 99 años, al programa ADN
Un caso excepcional es la Margalida Pobla Sans, que tenía 13 años cuando detuvieron a su padre Joan B. Pobla Aguilera, concejal del PSUC y que tenía una imprenta, que fue requisada, como sus bienes. Pobla fue condenado a muerte y fusilado el 2 de julio de 1940, en el Campo de la Bota. El testimonio de la hija ha enriquecido el estudio científico del espolio franquista, y ahora Margalida, de 99 años, después de consultar la documentación en la oficina del museo, ha decidido dar muestras de ADN para que se incluya en el Programa de identificación genética, coordinado por el Departament de Justicia, por si un día se encontrara el cuerpo de su padre, en la búsqueda de desaparecidos en las fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Margarida, y sus hermanas, Núria y Roser, de 10 y 6 años, fueron testigo de las requisas en las estancias de su casa, incluso se llevaron sábanas. Su madre, Mercè Sans, intentó recuperar el patrimonio y la imprenta nunca devueltos. El alcalde Anglí les ajustaba las cuentas. Sans fue enviada a la prisión y en 1941 fue desterrada, y se fue a València. En el estudio, se recoge que Margarida recuerda que, después de presenciar la detención de su madre, las tres hermanas fueron enviadas a un internado. La abuela materna, Margarita Mercé Prats, tuvo que encarar un proceso judicial para conseguir la custodia y tutela de las menores mientras su madre estaba en la prisión.
En el estudio, Moran también expone que se incoaron requisas a titulares de otros negocios, como Josep Fontcuberta, que el 1934 fue alcalde de Acción Catalana Republicana y propietario de la licorería La Vallesana, cerrada y requisada. De su caso, Moran afirma "como en el resto, la requisa se gestó con la entrada de las tropas franquistas a Caldes el 29 de enero de 1939". Es decir, dos días antes que la autoridad militar constituyera la Comisión Gestora Municipal —el primer Ayuntamiento franquista—, accedieron, precintaron y se quedaron con las claves de los dos inmuebles de Josep Fontcuberta y Teresa Ambrós: tres propiedades registrales diferenciadas. Paralelamente, el consejo de guerra de Fontcuberta se inició el 28 de febrero de 1947, cuando volvió del exilio, y dos años más tarde llegó la sentencia de su libertad provisional.
El alcalde Anglí también los perseguía y los definía como "una familia manifiestamente hostil al Movimiento Salvador" para evitar que Teresa Ambrós y Conxita y Maria Fontcuberta Ambrós y su familia recuperaran la licorera. Por eso, la investigadora concluye que "toda esta retahíla de obstáculos explicaría por qué la familia y los trabajadores de La Vallesana decidieron solicitar al Tribunal Regional de Responsabilidades la asignación de un administrador judicial para poder reabrir la industria". Aparte de los negocios, el estudio también incluye los casos de una decena personas físicas castigadas, como Eduard Ragasol Sarrà, Jaume Fíguls Carreté y Sebastià Llopis Folch y Maria Lloreda Torras, entre otros.
Un estudio y una iniciativa municipal pioneros en Catalunya que el alcalde de Caldes de Montbui sitúa en la tradición municipal de hacer investigación de los últimos años. "Hicimos una investigación sobre los calderines en los campos de concentración nazi; de los 80 años de la Guerra Civil y ahora hacía falta documentar qué pasó", concluye Isidre Pineda, que luce que son de los pocos consistorios que tiene una concejalía de Memoria Local.
