El Ayuntamiento de Sant Cugat ha decidido presentarse como acusación particular por el caso del 3% de presunta corrupción que afecta a la antigua CDC, el PDeCAT y varios representantes de estas formaciones.
El ejecutivo local ha tomado la decisión después de que haya trascendido el auto dictado por la Audiencia Nacional, que acusa a estos partidos de haber recibido aportaciones económicas de varias empresas a cambio de adjudicaciones públicas en Catalunya.
El juez instructor considera que la presunta trama habría actuado en al menos 31 adjudicaciones, entre las cuales se encuentra la que permitió a Teyco construir una promoción de vivienda protegida en Sant Cugat. El gobierno local alerta que "de ser ciertos los hechos, el Ayuntamiento tiene la condición de perjudicado'.
En un comunicado, el ejecutivo local remarca que el auto apunta a Sant Cugat en la adjudicación de la promoción de vivienda pública en la plaza de los Rabassaires. "Estamos cansados y tristes de ver el nombre de Sant Cugat ligado a casos de presunta corrupción y mala praxis", apunta la alcaldesa de la ciudad, Mireia Ingla (ERC), que advierte que el consistorio lleva un año entregando periódicamente documentación en la Fiscalía.
"Después de la sentencia del caso Palau, que condenó CDC por corrupción y en qué se concluye que la ciudadanía de Sant Cugat pagó por adjudicaciones y obras un sobrecoste que se embolsó este partido político, es el momento de hacer alguna cosa", advierte.
En esta línea, considera que "la manera más honesta y contundente de defender los intereses de la ciudad y su gente es que la institución comparezca en este procedimiento judicial". El juez instructor, José de la Mata (lo mismo que ha intruído la causa contra la familia Pujol), ve indicios de organización criminal, fraude, soborno, tráfico de influencias y blanqueo de capital.