Freno a la ocupación ilegal de carácter delincuencial. El Govern ha anunciado un paquete de cambios legislativos para combatir las ocupaciones de inmuebles en los que se registran casos de alteración de la convivencia o la práctica de actividades ilícitas que comportan una utilización anómala de la vivienda. La reforma que impulsan los Departaments de Justícia y de Drets Socials, según han explicado sus conselleres este miércoles, tiene como objetivo proporcionar a los ayuntamientos y las comunidades de propietarios los instrumentos legales que les permitan instar judicialmente el desalojo de un inmueble ocupado ilegalmente cuando el propietario no lo haga y se detecte que una finca genera problemas de convivencia.
Para facultar a las administraciones locales y las comunidades de propietarios a proceder judicialmente contra una ocupación ilegal de carácter delincuencial, el Departament de Justícia modificará el libro V del Código Civil catalán, referente a los Derechos Reales en el apartado de propiedad horizontal, a fin de que estas dos partes afectadas puedan pedir el desalojo cuando el propietario del inmueble no lo haya hecho. Los pasos a seguir serán estos: cuando un consistorio tenga constancia que hay una vivienda, ocupada ilegalmente, que genera problemas de convivencia, solicitará al propietario que curse las acciones legales correspondientes para desocupar la finca. Si en un plazo de un mes el titular de la vivienda (un gran tenedor, como bancos, la SAREB o fondo de inversión) no ha realizado estos trámites, el Ayuntamiento tendrá la potestad para ser quien efectúa las acciones correspondientes en el procedimiento de desocupación.
Para que los ayuntamientos no sean los únicos que dispongan de estas herramientas, sino que también lo puedan hacer las comunidades de vecinos, Justícia reformará el artículo 553-40 del Código Civil de Catalunya para autorizarlas a actuar siguiendo el mismo procedimiento. La consellera, Lourdes Ciuró, ha explicado que, con este cambio normativo (que primero tendrá que pasar por el Consell Executiu y, después, por el Parlament), quieren "dar respuesta a un grave problema de convivencia" y dotar de una "pauta legal en ayuntamientos y comunidades" en los supuestos en que los grandes tenedores no denuncien los hechos en el plazo de un mes desde que se los notifica de estos. Desde Justícia, calculan que tendrán preparadas las modificaciones la primera semana de octubre.
7.345 denuncias por ocupaciones
Ciuró ha detallado que Catalunya registra el 45% de las ocupaciones del Estado y que tres de cada cuatro se registran en el Àrea Metropolitana de Barcelona. Para más inri, hoy por hoy hay 7.345 denuncias por ocupaciones, una cifra que, en opinión de la consellera, evidencia que "es un problema al cual hace falta dar respuesta y garantizar la seguridad de nuestros municipios".
A su vez, en este nuevo despliegue normativo, el Departament de Drets Socials introducirá modificaciones a la Ley de Vivienda: una "nueva utilización anómala" del inmueble, que en este caso es, precisamente, "incluir la ocupación ilegal que genera alteración de la convivencia, alarma social o donde se practican actividades ilícitas". En este sentido, se aplicarán "multas y sanciones coercitivas" a los propietarios que no hagan nada ante estas situaciones. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha detallado que se iniciará "un procedimiento sancionador por la inactividad de los propietarios" que no actúen ante la ocupación de inmuebles de su propiedad en los que se registran alteraciones de la convivencia. Estas infracciones serán consideradas graves e irán de los 9.000 euros hasta los 90.000.
Paralelamente, la modificación normativa incluirá que, si el incumplimiento de los propietarios persiste, se pueda obligar estos a ceder el uso de la vivienda a la administración a fin de que esta lo pueda destinar a uso social. Cervera ha explicado que, de las 21.700 viviendas de parque público que tiene Catalunya, hay 953 ocupados y, de estos, estiman que en uno de cada cuatro se hacen actividades ilícitas.
En síntesis, los cambios normativos permitirán actuar ante los tribunales a los consistorios y comunidades en casos de ocupaciones ilegales delincuenciales. Estos actores tendrán que documentar y acreditar los motivos de la erosión de la convivencia. El trámite en la justicia puede ser lento, de manera que la titular de la rama, Lourdes Ciuró, ha hecho un llamamiento a los tribunales y la fiscalía a "implementar protocolos judiciales de actuación que permitan acortar, al máximo, los trámites, para la obtención del rápido desalojo".