La Real Casa de Correos, ubicada en la Puerta de Sol y sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha abierto el enésimo enfrentamiento entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. El gobierno madrileño presentará un conflicto positivo de competencia en el Tribunal Constitucional contra la voluntad de la Moncloa de declarar el edificio Lugar de Memoria Democrática. “Tiene una larga historia que no se puede reducir a la significación concreta que el Gobierno pretende darle dentro de su estrategia de reanimar al franquismo”, ha reprobado Ayuso en rueda de prensa. Y ha denunciado que, con “memoria sospechosamente selectiva”, la Moncloa quiera “reducir dos siglos y medio de historia del edificio a solo cuarenta años para distraer la atención de la grave involución democrática que está impulsando”.
Todo ello se remonta al pasado mes de octubre, cuando la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática empezó los trámites para declarar Lugar de Memoria Democrática el edficio que fue Dirección General de Seguridad durante el franquismo alegando que fue un “símbolo de la represión, donde miles de personas fueron detenidas, interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos”. “Asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión”, actuando como “policía política al servicio del régimen” y convirtiendo la “tortura en los sótanos del edificio en una práctica habitual por la que se buscaba atemorizar y desmoralizar a los detenidos”.
La Comunidad de Madrid se opuso a esta determinación y presentó alegaciones para frenarlo denunciando, entre otras cosas, una “importante y grave injerencia y perturbación en el derecho de propiedad y en la posesión de la Comunidad de Madrid sobre la Real Casa de Correos y en el ejercicio de sus facultades dominicales” y una “vulneración de las atribuciones y facultades de la Comunidad de Madrid en materia de defensa de la libertad, la justicia y la igualdad de los ciudadanos madrileños”. Sin embargo, esta semana el Consejo de Ministros ha cerrado la puerta al recurso alegando que el requerimiento “carece de fundamento competencial o normativo” y que no hay “ninguna razón de que se produzca colisión” entre declararlo Lugar de Memoria Democrática y el normal ejercicio del edificio. Asimismo, se escuda en el “amplio consenso internacional existente en que la memoria histórica en el caso de las vulneraciones graves de derechos humanos no solo no resulta divisiva, sino imprescindible para la reparación pública de las víctimas y para la aplicación de las garantías de no repetición”.
“La discordia, la amnesia, la manipulación de la historia y el guerracivilismo no vencerán”
En este contexto, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que acudirá al TC y ha cargado con dureza contra los planes de la Moncloa para la Casa de Correos, un edificio que la presidenta madrileña ha presentado como el “testimonio de la convivencia en paz con la que el Gobierno quiere acabar, identificando este edificio con un periodo de la historia de España que los españoles decidieron dejar atrás en la Transición”. “Lo que pretende hacer el Gobierno es insensato y es promover un sentido guerracivilista contra todo. Si estuviera trabajando en otro edificio, lo harían con otro edifico, es una cuestión personal del Gobierno, ha enloquecido”, ha añadido. “La discordia, la amnesia, la manipulación de la historia y el guerracivilismo no vencerán”, ha concluido.
“Una finalidad conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora”
El Gobierno ha impulsado esta declaración conforme a la Ley de Memoria Democrática, que prevé declarar Lugar de Memoria Democrática a los sitios en los que hayan tenido lugar hechos de “singular relevancia por su significación histórica o simbólica” o por su “repercusión en la memoria colectiva” que estén vinculados a la “represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos”. En el caso de la Casa de Correos, la voluntad de la Moncloa es realizar recursos audiovisuales y digitales explicativos, instalar placas, paneles y distintivos memoriales interpretativos y señalizar un punto de reconocimiento de las víctimas con una finalidad “conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora”.
Una enmienda impulsada por el PP madrileño y aprobada a finales de 2024 para blindar la Casa de Correos
En el último pleno de 2024 de la Asamblea de Madrid, el PP introdujo una enmienda a la Ley de medidas para la mejora de la gestión en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid para blindar la Real Casa de Correos. La norma recoge la obligación del gobierno madrileño de “proteger y preservar la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional, el significado y el uso actual” de la Sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Además, el texto añadía que en el caso de que se impulsen actuaciones que “directa o indirectamente perjudiquen o resulten incompatibles” con estas previsiones, el ejecutivo madrileño ordenará su “cese inmediato” y adoptará las “medidas oportunas para reparar el daño”. Asimismo, establecía que la instalación de placas o distintivos requerirán “previa autorización” del ejecutivo madrileño.