El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha archivado un caso en el cual se investigaba la muerte de tres usuarios de una residencia de personas mayores de Puente de Vallecas en el peor momento de la covid en el marco de una querella interpuesta contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso y dos de sus exconsejeros por un delito de homicidio imprudente. Así consta en un auto, en el cual ha tenido acceso Europa Press, en el cual se acuerda también el sobreseimiento provisional de las actuaciones abiertas con respecto a la directora de la citada residencia y la gestora del centro de mayores.
La querella se interpuso contra Díaz Ayuso, los entonces consejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, la directora la Residencia Domus VI Albufera, y la mercantil Geriavi, S.A.O., gestora de la referida Residencia, por los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y prevaricación. En diciembre de 2021, el juez admitió a trámite la querella solo con respecto a la directora del centro y la mercantil Geriavi, por tres delitos de homicidio por imprudencia.
El juez esgrime en la resolución que los informes de la forense establece claramente que, de haberse derivado a las pacientes en un hospital y haberse confirmado la COVID-19 con anterioridad, no se hubiera evitado las defunciones. "No puede acogerse como cierto el requisito de la evitabilidad del resultado, imprescindible para poder apreciar el tipo penal del homicidio imprudente que se le atribuye a la querellada", recalca el juez.
Con el archivamiento de este causa, son ya 23 los procedimientos cerrados por la defunción de ancianos por covid en residencias públicas de la Comunidad de Madrid, al no acreditarse la comisión de delito con respecto a los protocolos de derivación de pacientes en hospitales en la primera ola de la pandemia.
La Comisión por la Verdad: "Se habrían podido salvado 4.000 vidas"
Aunque no haya prosperado ninguna denuncia, la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid concluyó que a en marzo y abril de 2020 se produjo un exceso de mortalidad en las residencias de la región, el doble que en otras zonas del Estado, y estimó que si no se hubieran aplicado criterios "discriminatorios", los llamados "protocolos de la vergüenza", se podrían haber salvado 4.000 vidas. Esta Comisión se constituyó en abril de 2023 a instancias de familiares y afectados, alegan, ante la "falta de interés y voluntad" de las autoridades políticas y judiciales para averiguar e informar sobre qué sucedió con las personas mayores confinadas en las residencias madrileñas al inicio de la pandemia.