El gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que recurrirá la recusación que ha apartado al magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías de las deliberaciones de la ley de amnistía. Macías, vocal conservador, fue apartado al pronunciarse públicamente en contra de la amnistía en un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que propiciaba una mayoría progresista más amplia —seis a cuatro— en el grupo de magistrados que tiene que deliberar sobre la constitucionalidad de la medida de gracia al Procés. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha anunciado la decisión este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid, justificándola en el hecho de que "se expulsa a los vocales que no están dispuestos a asumir una trágala". El portavoz del gobierno de Ayuso también ha cargado contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, a quien ha tildado de "ministro 24 del Gobierno de Sánchez".
Miguel Ángel García ha argumentado que se recorrerá la recusación a Macías "al ser una decisión irregular y arbitraria, que no respeta ningún procedimiento y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva". Este es un intento más de Ayuso de torpedear la ley de amnistía, después de que el Ejecutivo madrileño ya presentara el septiembre pasado ante el Constitucional un recurso contra la medida de gracia, junto con el resto de autonomías gobernadas por el PP. Lo hizo, tal como afirmó la presidenta Isabel Díaz Ayuso, “en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, la seguridad jurídica y la división de poderes”. La mandataria popular también pidió la recusación de tres magistrados del tribunal —Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez— por su “pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE”, partido que presentó el texto, “lo que le inhabilita para enjuiciar” su constitucionalidad.
A finales de enero el Tribunal Constitucional aceptó la recusación a José María Macías para apartarlo de todas las deliberaciones sobre la amnistía. Unas deliberaciones a raíz de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Supremo y que ampliaron los recursos de todas las administraciones autonómicas que gobierna el PP y la Castilla-La Mancha de Emiliano García Page. De este modo, se reforzó la mayoría progresista del tribunal que decidirá sobre la constitucionalidad de la amnistía, con seis magistrados progresistas y cuatro conservadores. El Constitucional concluyó que, como vocal del CGPJ, donde estaba antes de ser nombrado magistrado del TC a propuesta de la mayoría absoluta del PP en el Senado, pudo “tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad” y participó “directamente o indirecta en el asunto objeto del pleito y causa”, al participar de un informe contrario a la norma —a petición de la mayoría absoluta del PP en el Senado—.
Macías estudió la amnistía desde el TC y se pronunció en contra públicamente
El Constitucional dirimió que la amnistía fue “objeto de una detallada y profundo análisis jurídico constitucional” en el informe del CGPJ en el cual participó Macías y que hay una “clara proximidad temporal” (solo pasaron cuatro meses) entre la emisión del informe y el recurso del Supremo. “Todas estas circunstancias revelan objetivamente una presa de posición jurídica previa sobre el objeto del proceso constitucional que, con independencia de qué sea su orientación, justifica la estimación de los motivos de recusación”, remachó. La decisión del TC llega a raíz de la recusación que presentó Fiscalía General del Estado argumentando que, como vocal del CGPJ, participó en una “reiterada exteriorización de una corriente de pensamiento radicalmente contrario” a la norma del olvido penal al Procés a través de dos pronunciamientos “oficiales y públicos” que contenían una “crítica demoledora basada en consideraciones de inconstitucionalidad”.
En una primera declaración institucional el 6 de noviembre, Macías mostró su “preocupación y desolación intensa” por la “degradación” que supondría una amnistía y señaló que “utilizar una ley singular para invadir competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política” constituía una “perversión del régimen constitucional”. Por otro lado, el informe que aprobó el CGPJ el marzo concluyó que la amnistía “socava” el derecho a la igualdad, “vulnera” la separación de poderes y no justifica su adecuación a “todos los valores, principios y condiciones” de la Constitución.
El PP también da el paso
En consonancia con Ayuso, el PP ha presentado un recurso de súplica al considerar que "el Tribunal Constitucional ha vulnerado su derecho a efectuar alegaciones sobre la recusación del magistrado, como parte implicada en el procedimiento al haber presentado un recurso de inconstitucional, y no ha respetado los principios de contradicción e igualdad de armas, generando su indefensión". Los populares consideran que la corte ha prescindido "total y absolutamente" del procedimiento establecido legalmente al extender a todas las causas "su decisión de apartar a un magistrado sin dar audiencia a las partes en los demás procesos".